vol. 13 núm. 25 (2018)

La Federación Rusa, al ser el Estado más extenso de todo el planeta, ha considerado a lo largo de su historia a la seguridad nacional como uno de sus pilares más importantes de política interior y exterior. Su esplendoroso territorio, que se extiende a lo largo de dos continentes, ha sido objeto de estudio por parte de académicos y gobernantes rusos. Particularmente, la seguridad nacional de Rusia compromete no sólo la defensa de sus fronteras y su soberanía, sino la protección de su población, su identidad, su territorio. La identificación de sus amenazas permite estudiar las distintas dinámicas y relaciones que ha compartido este país con otros Estados de la región y organizaciones internacionales, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que en los últimos años ha podido vislumbrarse como un agente que puede poner en riesgo la seguridad de la nación, que a través de proyectos e infraestructura militares podrían comprometer los intereses nacionales legítimos de Rusia, los cuales van en contravía del derecho internacional.

El artículo presenta consideraciones sobre Brasil y sus fuerzas armadas, puntos relevantes de la política y de la estrategia de defensa nacional, la acción interna y externa en el campo de la seguridad y defensa y algunos datos del poder militar brasileño en relación a los países de su entorno regional. Observa que Brasil, como país emergente, busca mantener fuerzas armadas capaces de garantizar la seguridad del Estado, auxiliar en la consecución de los objetivos nacionales y actuar en favor de los intereses de la política exterior brasileña. Sin embargo, las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, se han utilizado cada vez más en acciones internas en las llamadas operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden y en actividades subsidiarias.

La elaboración de políticas de defensa es una tarea que todo Estado moderno debe afrontar a partir de las crecientes demandas de transparencia, y la tendencia general de tener respuestas en el ambiente de seguridad caracterizado por el gran grado de incertidumbre que hoy enfrentamos, donde ya no solo los actores estatales internacionales conviven, pues además hay que considerar a aquellos actores no estatales, difusos y que generan otros tipos de amenazas que el Estado debe precaver con todos los elementos del Poder Nacional. También hay casos como el de Chile en que, por diversas razones, es inviable el desarrollo de Políticas o Estrategias de Seguridad Nacional, que no cuajan en su ambiente político. Es por ello que para enfrentar esta miríada de situaciones, que no solo afectan a la Defensa se propone el desarrollo de una Política de Seguridad y Defensa, que permitiría poder prever y enfrentar este ambiente difuso y una Política Militar para el desarrollo de capacidades, preparación y organización de las fuerzas militares para cumplir las tareas que esta Política de Defensa y Seguridad le entrega.

Históricamente, Costa Rica se ha caracteriza por realmente no poseer una política de defensa definida dentro de sus estamentos estatales. Esto se debe a que se ha convivido dentro de la narrativa militar del país centroamericano en una disyuntiva que radica entre la paz y la seguridad del Estado. Lo anterior se puede explicar, en gran medida, porque tradicionalmente el gobierno costarricense no ha podido consolidar amenazas verdaderamente considerables en la región que comprometan su seguridad y defensa nacionales. Entren los factores que ayudan a entender esta condición se encuentran el carácter de excepcionalidad de sus fuerzas armadas, la preeminencia del derecho internacional como instrumento de defensa nacional y el principio de neutralidad en conflictos armados, además de la presencia y el acompañamiento que desempeñan los Estados Unidos. Las amenazas transnacionales tradicionales han sufrido una transformación que, en la actualidad, pueden verse relativamente reducidas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen interno en la nación tica.

El Debate Nacional sobre Defensa, promovido desde el Ministerio de Defensa Nacional uruguayo y realizado a lo largo del año 2006, generó una gran cantidad de insumos para una eventual reforma estructural de todos los aspectos vinculados con la Defensa Nacional y la institucionalidad militar. En función de ese debate, ya en el año 2010 se promulgó la Ley Marco de Defensa Nacional, que iría en ese sentido. No obstante, todo ello, dicha ley tiene tan solo 33 artículos y, si bien hace algunas definiciones importantes, en general y por tratarse de una ley “marco”, no entra en todos los aspectos estructurales sobre la materia. Por lo tanto y en términos generales, las leyes orgánicas de las FFAA, elaboradas durante la dictadura (1973 – 1985) o incluso anteriores a la misma, siguen rigiendo en amplios aspectos de la institucionalidad militar. Posteriormente, en el año 2014 se elabora la Política de Defensa Nacional y luego, en el año 2016, la Política Militar de Defensa. En este trabajo nos proponemos analizar los cambios y permanencias que se han ido generando desde el año 2006 (año de la realización del Debate Nacional sobre Defensa) a la actualidad institucional.

Las fuerzas armadas han desempeñado un papel importante con relación a la política de seguridad interna de los distintos países que conforman la región de América Latina. Las dinámicas de poder que giran alrededor de su actividad pueden comprometer las instituciones democráticas o generar cambios en las diversas esferas de la sociedad, desde la seguridad colectiva, el activismo político y la actividad empresarial, hasta las reformas tecnológicas, la defensa de los recursos naturales y la lucha contra el narcotráfico. En México, particularmente, este fenómeno jugó un rol central en la lucha contra las drogas y los carteles, en el que las fuerzas armadas participaron en numerosas dinámicas que tradicionalmente no son una tarea de su competencia. La doctrina militar, entonces, se argumenta que ha sido fundamental para estudiar la historia de la política interna de los Estados Unidos Mexicanos.

Este trabajo examina los temas de seguridad principales de la Republica Dominicana: Haití, crimen urbano, y narcotráfico. También examina el rol de las Fuerzas armadas dominicanas en la respuesta del gobierno. Concluye que la pobreza e inestabilidad en Haití sigue presentando serios desafíos a través de inmigración y actividades criminales transfronterizas. Tumben concluye que, mientras que el rol de las FF. AA en seguridad ciudadana a través de la fuerza de tarea Ciudad Tranquila ha evitado crímenes, los impactos a largo plazo están limitados, y presentan dificultades graves para las Fuerzas armadas como institución, y riesgos legales para sus miembros. Con respecto a narcotráfico, la agencia contra drogas el DNCD, con el apoyo de los Fuerzas armadas, ha bajado de forma significativa el tránsito de los narco-vuelos y ha ayudado de forma importante con interdicciones marítimas. Sin embargo, sigue impedido en combatir los flujos crecientes de drogas en la región, por causa de la limitación de recursos y desafíos de coordinación Inter agencial. Este trabajo concluye con recomendaciones para los EE. UU en apoyar sus socios dominicanos a través de educación, capacitación y otras formas de ayuda.