núm. 14 (2014): diálogos de derecho y política

Número completo

Se analiza la problemática suscitada a partir de la configuración del tipo de servidor público que accedió a cargos de carrera administrativa provisionalmente, que permaneció cobijado a lo largo de los años por el régimen laboral estatal bajo el status de empleado de carrera, contrarió el postulado constitucional del mérito y privilegió en mayor medida el clientelismo;  para constituir uno de los  debates jurisprudenciales más complejo que haya tenido la función pública: “el servidor público en calidad de provisionalidad dentro del marco de la carrera administrativa”.  Encontrando cómo es que entre las posturas jurídicas diversas y las posiciones opuestas  deambulaba el servidor público provisional quien en apariencia fungía temporalmente, pues al analizarse en profundidad su condición esta distaba de lo usualmente conocido como tal, aunque no le era dable apartarse de aquella literalidad; siendo ésta la que en últimas, así como el desarrollo y aplicación de los principios de la función pública: igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia; hicieron que miles de servidores públicos en calidad de empleados de carrera en provisionalidad, que sirvieron al Estado durante años continuos y que creyeron establecer con él una relación laboral permanente y jurídicamente estable, al día de hoy y a partir del año 2005 pasaran a formalizar su vinculación con el Estado o la concluyeran definitivamente.

El tratamiento jurídico internacional a los pueblos indígenas, que se nutre de la disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, puede mostrarse a su vez como el puente hacia los derechos ambientales, siempre y cuando se aminoren algunos de sus axiomas heredadas de la tradición occidental. Este artículo trata de marcar esos posibles entrecruces, y a su vez, las principales tensiones a resolver, de querer lograr un adecuado diálogo entre ambos campos.

A manera de síntesis, con este estudio se pretende mostrar en principio el concepto solidaridad, sus clases y formas, especialmente para el tema del aseguramiento en riesgos laborales, dado el giro importante que ha tomado, en relación a la realidad imperante dentro del mercado laboral, en donde en principio se resolvió integrar la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes contratistas, en primacía de la realidad sobre las formas; pero voluntaria para los demás trabajadores independientes no contratistas, abriendo así una compuerta para que se puedan incorporar al sistema una serie de ciudadanos que se encontraban excluidos, pero al mismo tiempo no creando las condiciones propicias para establecer un fondo que subsidie en parte las cotizaciones de los trabajadores informales, en aras a desarrollar el principio de solidaridad, que se ha definido como la mutua ayuda entre los ciudadanos. En efecto la nueva normatividad (Ley 1562 de 2012), entró a regular ese fenómeno, para lo cual se analizará su campo de aplicación, en relación a la Ley 100 de 1993, como primera gestora del aseguramiento en riesgos laborales, y las posibles experiencias valiosas del principio de solidaridad y sus implicaciones en el derecho comparado. Y finalmente los aspectos de la sostenibilidad financiera del sistema, en lo concerniente a la Superintendencia Financiera y Nacional de Salud, así como el Fondo de Riesgos Laborales y Entidades Administradoras.

El propósito central del presente artículo se funda en indagar sobre el alcance y las eventuales limitaciones del debido proceso dentro de las actuaciones administrativas desde la doctrina, la legislación y la jurisprudencia en Colombia. Para ello, en primer lugar, se delimita el alcance del principio del debido proceso en los procedimientos administrativos; en segundo lugar, se identifican las garantías y métodos de protección del derecho fundamental al debido proceso en el procedimiento administrativo; y, finalmente, se analiza, desde la jurisprudencia de las altas cortes colombianas, las eventuales limitaciones del debido proceso dentro de las actuaciones administrativas.

Con el fin de cumplir con las normas internacionales en materia de protección a las personas con discapacidad, en Colombia se han creado diferentes pensiones que tienen como finalidad, brindarles una especial protección y garantizarles el derecho a una vida digna. Por esta razón y teniendo en cuenta que algunas de estas prestaciones no son muy conocidas, en este artículo se estudia la legislación existente en la materia, se analizan cada una de las pensiones y el desarrollo jurisprudencial  que han tenido y se hace una microcomparación con la regulación existente en algunos países de Latinoamérica.

La expedición de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, implica nuevos modelos de gestión en el servicio público de administración de justicia. El nuevo sistema judicial en lo penal transforma las relaciones tradicionales en el sistema jurídico y en el aparato de justicia. Uno de esos cambios está orientado a la gestión interinstitucional que se ve influenciada por las variaciones propias de la sociedad del conocimiento, es así que actividades como: la planeación, la organización, la coordinación, la comunicación, la multidimensionalidad del trabajo en equipo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la capacitación permanente del personal, se erigen como nuevos requisitos para que este nuevo sistema opere. Bajo la vigencia del nuevo sistema procesal penal se ha presentado una polémica en torno a la intervención del Ministerio Público en el sentido de si desnaturaliza, desequilibra u opera como garante en el proceso penal acusatorio. Todo esto motivado sin duda, por el hecho de que el proceso penal es un proceso de partes, de naturaleza adversarial, donde sus protagonistas, Fiscalía y Defensa, se enfrentan en un plano de igualdad frente a un tercero neutral, el Juez, quien finalmente fallará de acuerdo a la verdad procesal que se imponga sea ésta la del ente acusador o la de la defensa.

El accidente de trabajo in itinere o de trayecto, es una modalidad de accidente dentro del sistema de riesgos laborales o profesionales, que en países como Colombia, España, Argentina y Chile, tiene como componente principal el nexo causal, lo cual permite que la estructura del mismo no se deslaboralice. Además de los requisitos y configuración del mismo, cada país hace una interpretación jurisprudencial de la norma, que va menos o más allá de las circunstancias en que se presenta.