núm. 18 (2015): diálogos de derecho y política

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El problema objeto de estudio que se presenta en este artículo se fundamenta en la inobservancia en el reglamento estudiantil de la Universidad de Antioquia, de un principio constitucional que hace parte del núcleo esencial del debido proceso, conocido como “prohibición de reforma en peor”, el cual reviste importancia en el suceso de impugnación, por parte de un estudiante, de una actividad evaluativa, lo que se entiende como segundo calificador, pues conforme a este, los profesores que conozcan del asunto en la segunda instancia no podrían desmejorar la nota adquirida por el estudiante en la primera instancia.

La pregunta por la gubernamentalidad como grilla de inteligibilidad para el estudio y problematización de la política contemporánea, parte de la necesidad de acercarse a las reflexiones teóricas y metodológicas que tradiciones posteriores a los trabajos de Michel Foucault –la anglofoucaultiana por ejemplo- proponen alrededor del estudio del sujeto, la biopolítica y el gobierno. En ese sentido el presente artículo indaga por la relación entre dos tecnologías de poder: la secularización del poder pastoral y la gestión biopolítica de la población, frente al surgimiento de la gubernamentalidad como dispositivo de poder de las sociedades contemporáneas. Para ello, el artículo plantea en primer lugar una problematización del concepto en relación con algunas reflexiones sobre el gobierno en el mundo premoderno y moderno; segundo, analiza la emergencia de la gubernamentalidad como una nueva mathesis del poder orientado a la gestión productiva de la población y finaliza con una revisión de las relaciones entre el proceso de securalización del poder y la configuración de un tipo particular de sujeto político que emerge del dispositivo de gestión poblacional bajo la condición de ciudadano gubernamentalizado.

Este artículo pretende ser reseña de los intentos de la administración local dirigidos al tratamiento de la población habitante de calle. A través de él queremos dar cuenta de un problema estructural, dentro del panorama que se presenta en la actualidad colombiana: la paz y sus retos para la ciudad. Para su elaboración se han tenido en cuenta dos trabajos de censo realizados sobre esta población y algunas de las medidas de política pública elaboradas por la administración.

La sociedad colombiana se encuentra inmersa en un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la Guerrilla de las FARC, actores entre los que ha perdurado durante más de 50 años un conflicto armado que ha traído una violencia que no ha permitido el fortalecimiento de la ciudadanía y así mismo, se ha arraigado a la forma de vivir, convivir y resolver las situaciones de conflicto al interior de la sociedad. Teniendo en cuenta el escenario del post acuerdo que pueda lograrse entre los dos actores, el papel de la educación aparece como instrumento importante para fortalecer la construcción de una sociedad democrática, reconociendo la diversidad de pensamientos que permita fortalecer la formación ciudadana como una apuesta para consolidar un nuevo modelo de sociedad.Sin embargo, se problematiza el carácter formador de la educación, cuestionando la orientación de un modelo educativo basado en competencias que termina por alargar expresiones de confrontación, basándose en la relación que posee el modelo educativo al servicio del mercado. Por eso, la violencia simbólica, acaba construyéndose en un instrumento materializado a través de la educación, como una herramienta en donde se trasmite la ideología dominante, legitimando un orden establecido, poniéndolo a los ojos de los educandos, como algo natural. ¿A qué responde entonces la cátedra de la paz?