vol. 13 núm. 3 (2022): ces derecho

Verificadas algunas estadísticas de entidades estatales que dan cuenta del comportamiento de la sociedad Casanareña frente a delitos de tipo sexual donde están involucrados niños y niñas como víctimas, se observa con gran preocupación que este flagelo ha venido en alarmante alza, por lo que al realizar un estudio sobre las estrategias que han utilizado y ejecutado los distintos gobiernos de turno para la prevención de estos delitos, se encuentra que en varias oportunidades la pena de prisión y multa que castiga estos hechos punibles fue aumentada, así mismo, el legislador promulgó algunas normas adicionales con el fin de castigar fuertemente a los victimarios que resulten condenados. Por otro lado encontramos que históricamente se han realizado esfuerzos por imponer castigos extremos como la emasculación química o prisión perpetua los cuales no han prosperado, no obstante, al realizar una comparación entre las normas que agravaron las penas con las estadísticas mencionadas en precedencia, vemos que como pasa en la mayoría de delitos que afectan a esta sociedad, la solución del problema no se encuentra en la norma penal; y consideramos que frente a este delito las alarmas están prendidas, por lo que se propone iniciar un cambio a la cultura casanareña con la intervención directa del Estado quien debe propiciar capacitaciones y planes de manejo del problema desde el mismo foco de toda sociedad que es sin duda la familia.

El concepto de marketing de influencia se refiere a “un tipo de estrategia llevada a cabo por las marcas que consiste en utilizar a personas influyentes en un tema o sector para transmitir un mensaje y aumentar el reach -alcance” (Hernández, 2017). Es aquí donde el influencer se convierte en un prescriptor, es decir el individuo que puede convencer a una gran cantidad de personas, que compren un determinado producto comercial. En el medio online una referencia positiva o negativa del influencer, puede llegar a afectar a un comprador potencial, y si a esto le sumamos una recomendación de una persona con reconocimiento notable, es un medio de éxito en el mercado. Según la Fundeu BBVA (2017), influencer se usa para “aludir a personas con conocimiento, prestigio y presencia en determinados ámbitos en los que sus opiniones pueden influir en el comportamiento de otras muchas personas”. Este influencer indudablemente genera un impacto publicitario a través de las redes sociales, convirtiéndose en un líder de opinión en el mercado. Se pensaría que un influencer es una guía de una buena práctica, sin embargo, la realidad revela que la ausencia de control legal en la utilización de las estrategias de marketing digital, y en la generación de publicidad, afecta la decisión del consumidor; toda vez que no existen principios éticos y prácticas reguladas de los mecanismos utilizados para “convencer”.

La acción constitucional de tutela fue concebida por el constituyente como un instrumento que protege y ampara los derechos constitucionales fundamentales, no como un mecanismo reformatorio de la Constitución o impulsor de los mismos, naturaleza por la cual es difícil canalizarla en el contexto de cambio constitucional. Sin embargo, en la presente investigación se aborda el alcance de la acción de tutela en esta materia, dado que a partir de un caso hito se advierte como empieza a intervenir en escenarios exógenos a su naturaleza, como en los cambios plasmados en la Carta Superior, verbigracia, el caso de las curules de paz de las víctimas del conflicto armado, donde una acción de tutela propició la materialización de una reforma a la Constitución Política de Colombia. Todo lo anterior, de conformidad a la trascendencia que está teniendo en el Estado Social de Derecho el juez constitucional y su actuación frente a las otras funciones del Estado. Bajo estos parámetros la investigación plantea como objetivo general, analizar el papel de la acción de tutela respecto de los mecanismos de reforma constitucional en general y, en particular, como impulsora del trámite legislativo de actos legislativos en Colombia.

Los tribunales constitucionales representan un aspecto fundamental al interior de los sistemas democráticos contemporáneos, hasta el punto de ser organizados como una jurisdicción especializada para la resolución de conflictos constitucionales. En el marco de sus funciones, los tribunales constitucionales han emitido sentencias que buscan proteger y garantizar derechos que han sido amenazados o vulnerados de manera sistemática. Estas sentencias tienen un carácter estructural, pues implican que las autoridades judiciales, de naturaleza constitucional, procuran restablecer derechos de grupos sociales excluidos a través de una serie de mandatos y procesos judiciales participativos que permitan restablecer los derechos vulnerados e incidir en cambios políticos como consecuencia del cumplimiento de deberes y obligaciones de las autoridades del Estado que deben proteger a esta parte de la población de forma que se evite cualquier tipo de marginación.

Las normas del conflicto internacional representan uno de los campos de mayor interés para las firmas empresariales internacionales. En este escenario, se considerará el papel que cumple el Derecho Internacional Privado (DIPr), y lo que desde ello les compete a las empresas en cuanto a la materia y sobre el estado de la cuestión actual a escala internacional y local. Por tanto, la pregunta central en torno a la cual discurre el presente artículo consiste en analizar ¿Qué impactos jurídicos generan las normas de conflicto internacional en el interés de las partes en las firmas empresariales desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado? partiendo de la línea de base de que en el Derecho Internacional Privado las normas de conflicto en las empresas u organizaciones generan dificultades en los grupos de interés que administran dichas normas afectando a los grupos de intereses de las empresas de hecho o de derecho, tomando como estudio el caso colombiano.

La Ley 640 de 2001 modifica normas relativas a la conciliación, solucionando las diferentes controversias entre sujetos particulares, concebida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad de reducir el uso de las vías jurisdiccionales para resolver conflictos. El objetivo del texto es un análisis enfocado en el cumplimiento del propósito de descongestionamiento del aparto judicial en Colombia mediante la conciliación extrajudicial, mediante estadísticas presentadas por la Procuraduría General de la Nación. Por último, la finalidad que trae la figura acarrea un contenido loable y de aplaudir, el cual uno de ellos es la descongestión del aparato judicial, al margen de dicha finalidad, la realidad nos ha enseñado que en la práctica está alcanzando los fines para los cuales fue establecida a pesar de sus opositores.

En el presente trabajo se explica la analogía del contrato spot, tradicionalmente asociado a la compraventa bursátil, con la compraventa y suministro mercantil de musáceas que se configuran en el marco de las relaciones comerciales entre los actores del mercado bananero en el Ecuador. Se caracteriza el actual marco jurídico bananero, de acuerdo con el cual resulta incompatible la variante de los contratos spots; frente al hecho de que, en la práctica, es una manifestación recurrente entre los productores, comercializadores y/o exportadores. Se analizan las ventajas que supone la implementación de contratos spots en la comercialización de estas frutas, desde una perspectiva constitucional y se propone que de lege ferenda sea una variante reconocida legal y debidamente protegida como una natural manifestación del principio de la autonomía de la voluntad en el ámbito del derecho privado en general, y del de obligaciones y contratos en particular.

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó la COVID-19 como pandemia global, hecho que provocó cambios en los modos de vida de la población, y la incorporación de medidas gubernamentales, bajo la motivación de calamidad pública, que repercutieron en la aceleración del quiebre de empresas, el incremento del desempleo, normativas apresuradas y muchas acciones ejecutadas en detrimento del derecho al trabajo. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre cómo las personas ahora desempleadas y enfrentadas a una situación de pobreza imprevista por la pandemia pueden ejercer en Ecuador los derechos que el Estado les ha garantizado según la Constitución de la República y cómo las medidas político-administrativas adoptadas por el gobierno, han irrumpido en la calidad de vida de las personas al ser dictadas sin certeza del contexto nacional. Mediante un estudio analítico descriptivo, se concluyó principalmente que en Ecuador hay desconocimiento y falta de registros administrativos de asalariados formales, informales y otras categorías de trabajadores no consideradas a la fecha y que sus políticas por lo tanto, no son congruentes con la realidad para que estas garanticen efectivamente el desarrollo del derecho a un trabajo digno.

En la medida que una sociedad avanza descubre paso a paso que la imaginación vincula a los hombres a través de la norma y que crear las fronteras entre las situaciones de propiedad de unos y otros individuos, puede llevar a dominios también en el mismo campo de la imaginación, surgiendo un sinnúmero de propiedades posibles que se afirman, no sólo sobre cosas que existen sensorialmente, sino sobre productos del pensamiento y del ingenio en el marco de la intangibilidad.

El trabajo trae consigo un riesgo para la salud y demás ámbitos de la vida del ser humano. Debido a ello, el Estado colombiano ha creado un sistema de protección para los trabajadores basado en la cobertura del riesgo objetivo, que consiste en un esquema de aseguramiento que permite al beneficiario del servicio trasladar los riesgos derivados del trabajo a las Administradoras de Riesgos Laborales. El esquema de protección se consolida desde el año 1994 en el Sistema General de Riesgos Laborales, el cual tiene a la salud laboral como concepto y técnica de prevención. Con base en ello, el objetivo del artículo es analizar el piso de protección social reglamentado en Colombia para trabajadores que ganan menos del salario mínimo legal mensual vigente, desde los fundamentos en riesgos laborales, salud laboral y el principio de igualdad. El artículo se realizó mediante un rastreo documental, entre ellos: artículos científicos publicados en revistas indexadas, normatividad nacional e internacional y, datos oficiales de nivel nacional. Los resultados arrojan que la reglamentación de dicho piso, para los que ganan menos del mínimo no es concordante con los fundamentos de los riesgos laborales, no protege ni garantiza la efectividad de la salud laboral y amplía la brecha de desigualdad social. Se concluye que esta reglamentación no se encuentra bajo los postulados del piso mínimo de protección social proveídos por la OIT y se alerta de la necesidad de implementarlo sin afectar la salud laboral de los trabajadores.

Este artículo propone un análisis crítico de la atenuante de responsabilidad de arrebato y obcecación en el marco de la reforma a la regulación del delito de femicidio en Chile. Para ello presentaremos la discusión legislativa, dogmática y jurisprudencial en torno a esta atenuante con relación a un caso real conocido por el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle. Este caso permitirá comprender cómo ha evolucionado la legislación penal en torno a las graves consecuencias derivadas de la violencia intrafamiliar. Conforme a ello, presentaremos una mirada crítica del artículo 390 quinquies del Código Penal chileno que refiere a la atenuante de arrebato y obcecación y, asimismo, algunas de las problemáticas que ha suscitado esta disposición.