vol. 13 núm. 2 (2022): ces derecho

Estonia es conocida por sus propuestas de innovación tecnológica, regulatoria e institucional, y, asimismo, por haber desarrollado uno de los modelos de gobierno electrónico más eficientes del mundo. Además del proyecto "X-road" (también conocido como X-tee), que se ha convertido en referente de sus capacidades digitales a nivel nacional, se podría decir que la residencia electrónica - e-Residency- es el programa insignia más importante que ha permitido posicionar al país a nivel internacional. Este artículo ampliará escritos y aportes anteriores sobre su significado político, para profundizar sobre la caracterización del concepto desde la perspectiva legal, sus funcionamiento, y el papel estrategico que cumple en terminos de politica exterior. Adicionalmente, se revisarán algunas de las fortalezas y debilidades de la residencia electrónica según fue concebida, y se presentarán escenarios que sugieren que su relevancia aumentará a medida que los ecosistemas digitales del sector público de la Unión Europea (UE) se configuren. Lo anterior, porque establece estándares que podrían facilitar la cooperación transfronteriza entre los Estados Miembros de la Unión Europea.

Este trabajo aborda la relación entre corrupción y género, teniendo en cuenta el interés contemporáneo y trasnacional por ahondar en el fenómeno que nace de la fusión entre estas dos categorías, con miras a responder satisfactoriamente en la lucha contra este flagelo, cuyos efectos pueden ser más intensos como consecuencia de los roles de género y la declinación de las mujeres en calidad de víctimas o la asunción de la calidad de victimarias. Con este objetivo, realizamos una reconstrucción teórica que permite esclarecer los conceptos abordados, para desembocar en su aplicación concreta por parte de las organizaciones internacionales, especialmente en el ámbito de su regulación. Todo esto sin perder de vista el marco de las dinámicas locales, con el objetivo de identificar su correspondencia con el contorno global.

Este informe de caso analiza la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vavřička y otros contra la República Checa, que sigue siendo el único caso relativo a la vacunación obligatoria hasta la fecha. Esto es particularmente importante en el contexto de la pandemia de COVID-19, en la que muchos Estados europeos restringieron las libertades de las personas no vacunadas en un entorno posterior al confinamiento. Después de esbozar los hechos y argumentos relevantes presentados tanto por los solicitantes como por el Gobierno, comenta la evaluación del Tribunal en virtud del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos – CEDH- evaluando, entre otras cosas, la noción de interferencia y conflicto de intereses de los padres frente a los hijos no vacunados. Sin embargo, ante todo, el análisis arroja luces sobre cómo encaja el caso en el debate más amplio sobre la vacunación frente a la COVID-19 y en particular qué estándares se establecen y qué implicaciones tiene en futuras aplicaciones relacionadas con las normas de vacunación contra la COVID-19. Es decir, ilustra cómo se puede establecer el umbral de la necesidad de vacunación en relación con lo establecido en el artículo 8 de la Convención.

La ciudad es uno de los escenarios en los que toman forma los compromisos asumidos por el Estado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aquellos que la Agenda 2030 impuso a los gobiernos para articular sus fines, funciones e instrumentos de gestión con el fin de alcanzar la sostenibilidad. En ese contexto, este artículo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la articulación entre la gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y el derecho ambiental en la atención de los procesos de reasentamiento en el marco del derecho a la Ciudad para alcanzar la realización de los ODS en Colombia, bajo la premisa de la necesidad de la articulación jurídica y política de las decisiones que desde estos ámbitos se requiere para gestionar la vulnerabilidad de la población que afronta los impactos del cambio climático en las ciudades. Se empleó el modelo cualitativo, respaldado en el enfoque histórico hermenéutico y en el enfoque dogmático jurídico, además de seguir una interpretación sistemática. Se evidencia que, en el campo del derecho internacional, aunque no exista una normativa unificada y vinculante, si se han entregado las claves para la sistematización de los diferentes regímenes y la articulación institucional necesaria para plantear un encuadre conceptual del reasentamiento como medida de protección de derechos con claras obligaciones para las autoridades que permitan la realización de los ODS.

La tecnología de la información se introduce en diferentes sectores de la sociedad y cada vez más se introduce en los procedimientos comerciales y relaciones económicas. Las tecnologías de la información en el marco del Derecho Internacional Económico hace muy poco tiempo se habían incorporado en los estudios académicos. La mayoría de los estudios reflejan sobre la regulación de las tecnologías de la información por medio de las normas de la Organización Mundial del Comercio. En el presente artículo se centra en un aspecto que relaciona de la regulación del comercio internacional y comercio electrónico por medio del nuevo concepto de facilitación del comercio que implica la aplicación de las tecnologías de la información como el complemento de las normas del GATT y GATS.

El objetivo de este documento encuentra su base en la actuación de la mesa de seguridad del Estado de Chihuahua respecto a la implementación del término “seguridad interior” en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente, ¿cómo afecta la ejecución de las diversas políticas públicas a la comunidad migrante? La metodología empleada consistió en un análisis documental sobre el desarrollo del concepto de seguridad interior, migración y la mesa de seguridad del Estado de Chihuahua, México. Es dable mencionar que el término de Seguridad Interior aún sigue en la indefinición, los principales resultados demuestran que existe una incertidumbre conceptual en donde las autoridades jurisdiccionales y políticas se encuentran inmersas, mismas que actúan bajo diversas consideraciones negativas hacia la comunidad migrante, es la relación de ambas variables en donde se encuentra el análisis desarrollado.

Las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento y la vejez están llamadas a aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones; el exponencial crecimiento demográfico de América Latina y el Caribe, en un contexto de vulneración de derechos de las personas mayores, especialmente de Colombia, promueven la necesidad de poner en práctica acciones efectivas y eficaces para la protección de este sector poblacional. El análisis de la relación entre los enfoques, la calidad de vida y la perspectiva histórica de las políticas públicas del envejecimiento y la vejez son una exhortación para la creación de sistemas integral para la protección integral de la vejez.

Se pretende cuestionar desde un enfoque feminista la inclusión de las mujeres en la educación superior, específicamente en la Universidad Católica Luis Amigó-Medellín. Se recurre al diseño cualitativo y a la estrategia de revisión documental. Para el análisis de la información se hace uso de hermenéutica proporcionada por los feminismos jurídicos para comprender concepto de mujer que sirve de sustento a las normas y las decisiones institucionales. Para visibilizar la existencia de barreras de acceso, prejuicios, estereotipos ligados al género como construcción social y cultural que requieren ser atendidas por las instituciones en sus programas de bienestar a la hora de diseñar sus políticas de inclusión y permanencia en el nivel universitario.

La participación de las víctimas del conflicto armado interno en el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011 ha sido significativa. Con la puesta en marcha del conjunto de acciones y disposiciones por parte del Estado colombiano en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas, se ha evidenciado cómo personas y grupos han decidido contribuir a la verdad del conflicto. En este sentido, los maestros y maestras víctimas han hecho aportes valiosos; muchos han asumido la Memoria Histórica como un instrumento válido para esclarecer los hechos de la guerra y para promover las garantías de no repetición. Sin embargo, se hace necesario que la participación de este grupo poblacional sea mayor, especialmente si lo hace haciendo uso de procesos organizativos en calidad de sujetos de derechos con responsabilidad política y social de cara a trabajar por una cultura de paz.

Desde hace varias décadas el derecho y la tecnología se han venido cruzando, compartiendo escenarios, intercambiando saberes y participando en diferentes actividades de la vida cotidiana; sin embargo, muchos profesionales de estas dos áreas han preferido ignorar, rechazar o desconocer esta realidad, señalando que son profesiones distantes y sin coincidencias. A pesar de ello con el pasar de los años se evidencia la necesidad no solo de legislar los asuntos informáticos y tecnológicos, sino también una alta incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicación –TIC- en los escenarios jurídicos, por tanto, se advirtió que tarde o temprano iba a llegar el momento de enfrentar conjuntamente el tema y diseñar un proceso de transformación digital que involucrara el derecho y las TIC.

La migración interna ofrece oportunidades en términos laborales, educativos y de bienestar. No obstante, también plantea desafíos en varios frentes, entre otras, para el acceso a los servicios de salud. Este artículo describe el acceso a los servicios de salud de una población que migra del departamento del Chocó a Medellín. Para ello, se aplicó encuesta telefónica a 392 personas afrocolombianas migrantes del departamento del Chocó a Medellín. La población que migra del Chocó a Medellín refiere barreras de diversos tipos para acceder a los servicios de salud, con mayor frecuencia, refieren barreras para acceder a los medicamentos, seguido de aquellas barreras para la autorización de procedimientos. De este modo, pertenecer al sistema general de seguridad social en salud no garantiza el acceso efectivo a los servicios. Es necesario la integración de las necesidades de salud de los migrantes internos en las políticas y estrategias nacionales de salud.