núm. 13 (2014): diálogos de derecho y política

En este artículo se analizan las trasformaciones más generales que en los últimos quince años ha tenido el tratamiento penal en Colombia para quienes se consideran delincuentes políticos. Partiendo de una breve aproximación al concepto de delito político, para luego realizar con una revisión normativa y jurisprudencial (de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia) tomando como punto de partida la Sentencia C-456 de 1997 y, de llegada, el Acto Legislativo 01 de 2012.

Los proyectos extractivos de gran escala han irrumpido con fuerza durante los últimos años en Colombia. En esta nueva fase de la globalización económica neoliberal, subyace una visión sobre el Desarrollo que privilegia el crecimiento económico y la acumulación de capital como principios organizativos de la vida social. Igualmente, se consolidan lugares comunes que buscan normalizar y universalizar visiones del mundo en virtud de las cuales la naturaleza se constituye en una mercancía. Al mismo tiempo, se niegan otros estilos de vida y se marginan a los sujetos sociales que padecen las consecuencias negativas de los proyectos extractivistas, como es el caso de las poblaciones campesinas. Este artículo busca analizar críticamente el discurso de Desarrollo y mostrar las posibilidades emancipatorias del Derecho con respecto a los proyectos extractivistas de gran escala. Para tal efecto, se propone un estudio de caso sobre la reciente experiencia de la consulta popular en el municipio de Piedras, Tolima, en el cual el pueblo se pronunció negativamente a la pretensión de la multinacional AngloGold Ashanti de instalar en su territorio una planta para la lixiviación del oro.

La violencia contra las mujeres en la ciudad de Medellín, es una constante que ha tenido variaciones en el tiempo y en las formas en que se ejercen estas van desde las violencias simbólicas tradicionalmente naturalizadas, hasta las violencias físicas. El movimiento social de mujeres en la ciudad no ha sido ajeno a esta problemática y ha emprendido acciones concretas que han incidido en la creación de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Si bien esto ha sido un logro importante, es necesario determinar cuál ha sido el aporte de esta Secretaría para que el derecho a la seguridad de las mujeres sea reconocido, tomando como referencia la zona nororiental de la ciudad. Esta es una de las zonas con mayor nivel de organización social y política de las mujeres, quienes implementan acciones concretas a pesar del contexto de conflicto armado e identifican desde un enfoque de seguridad humana, las diversas violencias como también las formas para enfrentarlas a partir de acciones directas o procesos de incidencia territorial y social. Esto contrasta con el hecho de que según datos de la Secretaria de Salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal es donde más vulneraciones a sus derechos humanos enfrentan las mujeres. Este análisis se hace a partir de entrevistas  a diferentes mujeres que tienen una mirada diversa desde el rol o la función que desempeñan bien sea en la Administración Municipal, en las comunas en que habitan o las organizaciones sociales a las que pertenecen  y una revisión de fuentes institucionales que elaboran las estadísticas sobre el tema. 

El presente artículo pretende realizar un acercamiento a ciertos cambios presentados en los proyectos de vida de algunas personas que han sido reparadas económicamente bajo el marco del decreto 1290 de 2008, a la luz de la ley de Justicia y Paz en el municipio de Segovia Antioquia.En primera instancia, se hace un acercamiento al contexto histórico de violencia en la región del Nordeste Antioqueño durante las últimas décadas, para evidenciar las percepciones que algunas de las víctimas de paramilitares en el municipio, tienen con relación a la reparación administrativa que ya recibieron; al final, a manera ilustrativa, se identifican tres casos particulares de víctimas, que vieron alterados sus proyectos de vida después del hecho violento y con la posterior reparación. A partir de un trabajo investigativo en el municipio, basado en entrevistas realizadas a personas que han sido reparadas, se pueden establecer como algunas han mejorado sus condiciones cotidianas y como, por el contrario, otras se encuentran en una situación adversa a lo catalogado como calidad de vida.Al final del artículo se realiza una serie de reflexiones sobre lo que han implicado para el municipio de Segovia y, para la región, los cambios en los proyectos de vida de algunas de las víctimas de grupos paramilitares, acogidos por el decreto 1290 de 2008, para acceder a una indemnización por reparación administrativa.

El creciente número de trabajadores independientes merece la implementación normativa que asegure las contingencias propias del sistema de riesgos laborales y que materialice los principios de la seguridad social, pues históricamente se ha dejado como voluntario de las partes que pactan contratos de prestación de servicios, aquel aseguramiento en perjuicio no solo del trabajador sino de las familias dependientes de aquel.La normativa reciente aunque ha generado el engrosamiento de la base de cotizantes en el sistema de riesgos laborales, no ha cumplido el cometido de prestar el aseguramiento de los trabajadores independientes e informales que carecen de contratos formales para obtener la afiliación que traslade la responsabilidad frente al riesgo creado por la prestación de un servicio.Se sintetiza de esta forma, el aseguramiento que en el sistema de riesgos laborales ha tenido el trabajador independiente, la evolución normativa, el alcance de los principios constituciones de la seguridad social y las carencias de protección que actualmente mantiene este grupo cada vez mayor de trabajadores.

La disposición que regula la pensión de sobrevivientes es, en general, la vigente al momento del fallecimiento del causante, pero, ante el cambio normativo que va del Acuerdo 049 de 1990 –aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad– a la Ley 100 de 1993, y cuando el causante ha aportado el número mínimo de semanas exigido en la norma anterior, existen situaciones especiales en las que, con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no se puede negar la prestación a sus beneficiarios, bajo el argumento de preservar la sostenibilidad financiera del sistema, pues al quedar reunidas las condiciones de la primera norma, el causante ha satisfecho las exigencias de tipo financiero de modo tal que garantiza el soporte económico necesario para conceder dicho derecho pensional.

El presente texto que tiene como fin estudiar la característica de la unidad de la jurisdicción, debido a la confusión que de esta institución se ha hecho con la competencia. Para esto, se tienen diferentes puntos de vista, partiendo desde la dogmática jurídica procesal representada por algunos juristas, además del constituyente colombiano y también por algunas sentencias de la Corte Constitucional y por último del legislador colombiano. El presente trabajo se divide en tres partes; la primera parte consiste en definir la jurisdicción, su naturaleza, su finalidad, su objeto, su forma, sus cualidades y posteriormente las confusiones que se han dado acerca del término jurisdicción. Con esto, se busca entender su alcance como función del Estado. Luego, se sigue con la segunda parte que trata sobre la unidad de la jurisdicción y algunas tesis que desdibujan esa unidad; para terminar en la tercera parte, en la cual se verá la jurisdicción del Estado colombiano desde su Constitución Política de 1991 y en algunas sentencias de la Corte Constitucional, asimismo desde el legislador, que han establecido la existencia de múltiples jurisdicciones, trayendo consigo diversas confusiones, pues en realidad la jurisdicción es tratada como competencias.

Al revisar la evolución del concepto de precedente judicial en Colombia, pese a que el sistema de derecho colombiano se sitúa en uno de derecho continental, se observa que desde antes de la expedición dela Carta Políticade 1991, venía tejiéndose la tesis de que la jurisprudencia no era un simple criterio auxiliar a la hora de administrar justicia, sino que constituía una fuente formal del derecho, tesis que se consolidó con los pronunciamientos dela Corte Constitucionalcomo suprema guardiana dela Carta. Asimismo, el Alto Tribunal Constitucional también se preocupó por determinar los efectos de sus sentencias y defender la postura de que solo a ella le estaba dado indicar los efectos de sus providencias, las cuales serían por regla general vinculantes hacia futuro, pero que también podían serlo con efectos retroactivos o de inconstitucionalidad diferida.Esa misma teoría en torno a la modulación de efectos temporales de las sentencias, que ocurre frecuentemente en la Corte Constitucional, es la que se pretende traer al escenario del Consejo de Estado como juez de legalidad cuando unifica su jurisprudencia, sobre todo cuando estas comportan aspectos de orden procesal, en aras de salvaguardar principios como la seguridad jurídica, celeridad y acceso a la Administraciónde Justicia.  Adicionalmente, esa necesidad de modular efectos temporales, puede encontrar justificación también en el hecho de que con la entrada en vigor de la Ley1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el Legislador ha provisto de fuerza vinculante a las sentencias de unificación (1 sola) del Consejo de Estado, tanto para las autoridades judiciales como administrativas.

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El devenir del estado de bienestar es uno de los interrogantes de la sociedad actual capitalista, sin embargo para entender dicho devenir del estado del bienestar, es necesario antes entender la esencia misma del estado de bienestar en un plano prescriptivo, en otras palabras ver desde el plano filosófico las premisas sobre las cuales se debe fundamentar dicho estado, para luego si descender al plano social político y económico. El estado de bienestar en sus distintas formas en las que ha tenido concreción ha venido de una tradición eminentemente liberal, es por ello que buscaremos desde la filosofía política de Hegel, la cual podemos denominar de un liberalismo que está más allá del liberalismo clásico político y económico.

En el presente artículo, a partir de la fuerza normativa de la Constitución y supremacía constitucional se analizan los diversos aspectos en torno a las omisiones legislativas inconstitucionales, deteniéndose en la necesidad de establecer los requisitos esenciales para que dicha figura jurídica sea fiscalizable por el órgano constitucional competente. Dicho temario se contextualiza al caso colombiano, tanto desde la Constitución Política de 1991, como la doctrina de la Corte Constitucional, para luego mostrar las razones que apoyan la viabilidad de control de todo tipo de omisiones legislativas – tanto absolutas como relativas- por parte del Tribunal Constitucional de Colombia