vol. 10 núm. 1 (2019): ces derecho

En el ámbito jurídico colombiano, la Corte Constitucional se ha erigidocomo garante y protectora de la Constitución, asumiendo la prerrogativade establecer límites al poder público y a los particulares. En este sentido,su discurso es la manifestación de una categoría, tanto jurídica como política,privilegiada. El discurso resultante de la hermenéutica constitucionalha desarrollado una enorme cantidad de temáticas, pero en relación conun sector tan cotidiano como vulnerable en el país: la población habitantede la calle, su jurisprudencia ha sido variable. A lo largo del presente artículo,producto de la investigación titulada: Representación constitucionaldel habitante de la calle: un estudio sobre el discurso de la Corte Constitucionalcolombiana en torno al concepto de habitante de la calle, financiada por laUniversidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, se verificarán los significadoso definiciones ofrecidos por la Corte Constitucional, entre 1992 y2016, para evidenciar su tendencia y principales influencias.

El presente artículo tiene como propósito analizar las recomendacionesque fueron emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estadode Puebla (CDHEP) a las autoridades públicas, por violaciones a los derechoshumanos de los migrantes centroamericanos durante el periodo1993-2016. La pregunta de investigación que se plantea es si del cumplimientode las recomendaciones deriva la reparación de los derechosvulnerados de las víctimas migrantes. Los resultados obtenidos revelan,por un lado, que la Comisión poblana comenzó a recibir quejas de migrantesa partir del año 2013; por el otro, que en todo el periodo analizado sólorecibió veintinueve quejas de este sector social vulnerable (2013-2016), delas cuales sólo tres se concluyeron por la emisión de una recomendación.Finalmente, se constató que el cumplimiento de las recomendaciones enmateria migratoria no implicó la restitución de las víctimas migrantes enel goce de sus derechos humanos vulnerados.

Las actividades de alto riesgo son aquellas que ocasionan, tras la exposicióna ciertos factores adversos, una repercusión en la salud y el bienestar deltrabajador que las desarrolla, motivo por el cual han sido objeto de regulaciónnormativa a nivel nacional e internacional, con la única finalidad de protegerlos derechos de los trabajadores expuestos a condiciones extremas para susalud.Conforme a lo anterior, en el ordenamiento jurídico colombiano, dichas actividades han tenido un desarrollo legislativo importante dentro del sistemapensional, que busca proporcionar a los trabajadores que las realizan unaprotección especial para el caso concreto, a través de una pensión de vejezen condiciones preferentes; la cual es definida en la norma y sus regímenesde transición.La normatividad en comento debe ceñirse a los principios de la seguridadsocial, específicamente al principio de progresividad y no regresividad, enpro de los derechos de los trabajadores que se encuentran en situación dealto riesgo. Por lo anterior, este artículo busca determinar si como consecuenciade las modificaciones legislativas, se vulneran los principios referidos,en detrimento de los derechos del trabajador.En este orden de ideas, el trabajo constará de tres capítulos a saber: elementosestructurales de las actividades de alto riesgo, antecedentes históricos delas pensiones de alto riesgo y principios de progresividad y no regresividad.

La desaparición forzada de personas, si bien, no es un tema novedoso enel país, si constituye un asunto transcendental por la continua violación dederechos humanos que ha acompañado la historia colombiana. Por ello,presentar el diagnóstico de los resultados obtenidos en las investigacionespor desaparición forzada en el contexto del conflicto armado cobra vitalimportancia en este escenario.Para el diagnóstico se observaron diferentes estudios en la materia, estableciendo directrices mínimas en la investigación del delito de desapariciónforzada, acudiendo a la fundamentación de fuentes esenciales, entre ellas,los aportes presentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y alos lineamientos de la Corte IDH, como máxime interprete de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos. La propuesta desarrolla también, desdeuna perspectiva cualitativa, los elementos que se presuponen necesarios enla investigación del hecho punible y se estudian las necesidades penales,criminalísticas, político criminales y criminológicas esenciales, para la investigación de la desaparición forzada.El paradigma en el cual se fundamenta la investigación está en armoníacon la postura sociocrítica, sin desconocer el componente, propiamentenormativo, que configura la desaparición forzada en el plano doméstico einternacional.

Los descuentos en salud como deducciones retroactivas son aquellos querealizan las administradoras de pensiones a los pensionados por vejez de lamesada a partir de la fecha que se causó el derecho a recibir la prestacióneconómica, esto es, desde que se adquiere el estatus jurídico. Lo anteriorsustentado en los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera, independientemente de que el pensionado o sus beneficiarios hayan o nogozado de los servicios de salud de manera real y oportuna por causasimputables a las Administradoras de Pensiones; bien sea por negligencia,por interpretación desfavorable y errónea de la norma que terminadesconociendo el derecho pensional, por desinformación que hace incurriren error al afiliado bajo el argumento de poder mejorar su derecho o enrazón a un cambio normativo o jurisprudencial. De cualquier manera, estosdescuentos terminan por representar un problema económico para lospensionados por vejez en Colombia.En tal sentido, a través de este artículo académico se permite sustentaruna acción inconstitucional derivada de la vulneración de los derechos ala igualdad, la seguridad jurídica, el debido proceso, la solidaridad, la libreescogencia, la favorabilidad y la continuidad de la prestación de los serviciosde salud, puesto que hoy no existe en el ordenamiento jurídico unadiferenciación objetiva de la norma que permita de manera excepcionalexonerar a un pensionado del aporte retroactivo en salud o que establezcauna solidaridad compartida entre este y las Administradoras de Pensionesen circunstancias especiales como las anteriormente descritas, más aúncuando se trata de reconocimientos tardíos atribuibles a las entidades pagadoras.

A lo largo de la historia de las interacciones sociales se ha presentado lafigura del daño como aquello que se hace en contra del otro y puede vulnerarsu integridad física, patrimonial o emocional, convirtiendo a ese otroen víctima de un perjuicio.La reparación a las víctimas ha estado supeditada a una serie de evolucioneshistóricas y a la vez a la emergencia de disciplinas académicas que sehan preocupado por conceptualizar este problema, evaluando sus alcances,límites, dificultades y controversias.Este artículo pretende analizar las perspectivas que han sido protagonistasen la emergencia del concepto de reparación a las víctimas, centrándose endos enfoques, uno jurídico abordado a partir de la teoría de la responsabilidadcivil extracontractual y otro filosófico-político fundamentado en la teoría delos derechos humanos y la teoría de la justicia, teniendo en cuenta los análisispropios de la justicia transicional y la justicia restaurativa.

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) ejecuta anualmente comopromedio más de 100 proyectos informáticos. Con la ejecución de estos, laactividad legal adquiere una importancia vital, por cuanto sirve de soporte alos procesos de negociación, ejecución y cierre de los mismos. El desarrollode los mencionados proyectos, obliga a contar con una adecuada gestiónlegal para el cumplimiento del régimen jurídico establecido en el país. Enel presente artículo, se revisa la doctrina jurídica existente y los postuladostécnicos sobre el tratamiento a los aspectos jurídicos en relación al software;en el marco de la gestión de los aspectos legales en los proyectos dedesarrollo de software en el área de la gestión de la integración.

El derecho es una ciencia que a través de los años se ha nutrido con múltiplesdefiniciones, cada una de ellas dependiendo de la corriente ideológicade quien pretende definirla, pero en general y acudiendo especialmente a loplanteado por John Loche el derecho es la ciencia que regula la conducta humanaen la sociedad a través de un amplio sistema normativo, basado en underecho fundamental e irrenunciable como la vida que encuentra su razónde ser en el deseo y deber de la auto preservación, y del que se desprendentodos los demás derechos, así como los deberes (Fernández, 2011).

Partiendo del axioma de que no existe obra humana que no sea susceptiblede ser mejorada, en este trabajo presentamos a la academia jurídicanacional algunos ajustes precisos del texto de la ley 1564 de 2012 queconsideramos necesarios para que ese compendio normativo cumpla consu anhelado papel de catalizador del cambio de cultura jurídico procesalque tanto requerimos.Hemos detectado que en el Código General del Proceso hacen presenciadisposiciones jurídicas que por su deficiente redacción permiten interpretacionesdisímiles de los actores del proceso judicial; así mismo, se hanobservado que algunas preceptivas no sirven a los propósitos del Legisladorindicados en la exposición de motivos de aquella disposición jurídica; y conese mismo horizonte, se ha podido verificar que algunas de las más carasideas procesales del mundo moderno han sido abordadas con tibieza porla ley 1564 de 2012.Para que se supere en algo la problemática planteada, se hacen las propuestasrecogidas en este ensayo, partiendo de dos grandes vertientesque le dan sustento: una teórica conformada por ideas y conceptos degrandes juristas que han iluminado la ciencia procesal; y la otra, se tratade un fundamento surgido desde la reflexión que produce encontrarnos enlas entrañas de la praxis judicial de la Administración de Justicia colombianaen la que desenvuelvo mi actividad profesional.Estamos convencidos que, si el legislador no realiza en el corto plazo profundasreformas al Código General del Proceso estaría tolerando la posibilidadde que esta codificación procesal se una al conjunto de normasque en Colombia no pasan de ser letra muerta, con la mala señal que elloimplicaría.

The present research work is focused on the legal analysis of the relevantarticles of the International Criminal Court’s Statute regarding theobligation of cooperation between States for the punishment of seriouscrimes against humanity and war. Judicial development, starting with adhoc Tribunals and arriving at causes at various stages of proceedings stillongoing at the International Criminal Court, opens the doctrinal and comparativenational debates, seeking to elaborate on specific topics such asrequests for assistance during preliminary investigations, the role of theProsecutor and the non-assistance of some States that for political andnot only reasons impede the development and operation of internationalcriminal justice.