vol. 11 núm. 2 (2020): ces derecho

El objetivo de este artículo es identificar las alternativas para minimizar las barreras de empleo de las personas con discapacidad en Colombia apartir del derecho al trabajo digno. Se revisa la producción normativa sobre este eje temático con posterioridad a la ratificación de la Convenciónde los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas, 2006), es decir, desde el año 2011, las barreras identificadas para el acceso al empleo; y posteriormente, se presentan las alternativas planteadas en el país para acceso al trabajo de esta población de orden estatal y privada. La investigación es cualitativa y su enfoque metodológico es el hermenéutico, el cual se realizó a través de un análisis de contenido de normas y literatura sobre el tema objeto de estudio. Los resultados evidenciaron que el desarrollo normativo es amplio y suficiente para garantizar el bienestar en los entornos laborales. Asimismo, se identifican desde las leyes y diferentes autores las barreras que tiene esta población para la participación y la igualdad en el trabajo; evidenciando, a su vez, la existencia de alternativas que han contribuido a minimizar esas barreras y las cuales han aportado para la inclusión social; no obstante, pueden tornarse insuficientes respeto a las tasas de desempleo, las ofertas laborales y los perfiles ocupaciones que se ofrecen siendo necesario crear puentes más sólidos de carácter educativo y empresarial que no solamente permitan el acceso al empleo sino a condiciones de permanencia y seguimiento en materia laboral a las personas con discapacidad.

El presente artículo tiene como objetivo realizar el estudio y análisis de las sentencias existentes frente al reconocimiento y reivindicación de derechos a la población LGTBIQ; con el fin de lograr una revisión adecuada frente a los pronunciamientos hechos en el tiempo por la Corte Constitucional. Para ello, se realizó una línea jurisprudencial en la cual se utiliza la técnica propuesta por el académico Diego López en su libro “el derecho de los jueces” y que corresponde al Análisis Dinámico de la Jurisprudencia; es decir, se establece una pregunta o problema jurídico a resolver y se abre un abanico de posibles respuestas a través del análisis de las decisiones judiciales.Se desarrolló este análisis a través de un enfoque de tipo argumentativo, exploratorio y de tipo documental, pues se basó en la revisión de los conceptos de la Corte Constitucional emitidos en relación con la población LGTBIQ. Esta exploración se realizó como insumo para la realización de unproyecto de investigación relacionado con el reconocimiento de derechos pensionales a la misma comunidad.

La innovación es un criterio de calidad investigativa que ha tenido una pretensión generalizada en toda la comunidad académica; es exigido por las redes de investigación y corresponde a un factor de competitividad que se tiene en cuenta en la selección y priorización de proyectos. El proceso de investigación se constituye de responder sucesivas preguntas que corresponden a diversos elementos, entre los más importantes: el objeto de estudio, el objetivo general y la metodología. Estos elementos guían la investigación y responden respectivamente, los interrogantes de: qué se investiga, hasta qué punto y cómo se investiga un fenómeno particular. El componente innovador siempre se ha exigido desde la delimitación temática, no obstante, la metodología como etapa del proceso de investigación es la que evidencia la orientación de los productos generados y puede considerarse un indicador más relevante al momento de determinar la pertinencia y la innovación del proyecto investigativo.

La historia ha dado cuenta de diversas tragedias ligadas a la enfermedad y a la muerte, las mismas han sido inspiración para grandes autores, obrascomo “La Peste” de Albert Camus y “El Amor en los Tiempos del Cólera” de Gabriel García Márquez, nos hacían imaginar aquellos escenarios lejos de pensar vivirlos en algún momento de nuestras vidas.

El derecho de la competencia comprende dos normativas, por un lado, las normas relativas a la competencia desleal, y por el otro, las normas sobre prácticas comerciales restrictivas; sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con aquellas, las conductas anticompetitivas carecen de un régimen especial de responsabilidad civil individual, dicha situación no se compadece con un derecho de la competencia adecuado para la protección de la libre y leal competencia, máxime que con los avances tecnológicos actuales, existe la posibilidad de que los agentes comerciales lleven a cabo conductas anticompetitivas mucho más sofisticadas y complejas con una alta potencialidad de causar daños a los demás intervinientes dentro del mercado, de ahí que se proponga la estructuración de un régimen particular de responsabilidad civil derivado de los daños producidos por las prácticas anticoncurrenciales, mucho más coherente con un régimen constitucional fundamentado en la protección a la libre y leal competencia.        

El presente trabajo busca realizar un análisis del suicidio como riesgo asegurable a partir de una sentencia  proferida  en el año 2018, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior se aborda a partir de la concepción del precedente en la tradición jurídica de Colombia y de la realización de un análisis jurisprudencial estático. La finalidad del trabajo radica en identificar los alcances de la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia y  reflexionar sobre la aplicación de la figura del precedente en la sentencia analizada. Para ello se implementó una metodología dogmática basada  en el análisis de normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre los temas que se abordan. El trabajo logra reflexionar, en primer lugar, sobre el alcance de la sentencia proferida por la Corte y, en segundo lugar, sobre los problemas de la aplicación del precedente judicial en Colombia.

El presente artículo desarrolla las necesidades especiales en el Derecho chileno como criterio para poder determinar el interés superior del niño, niña o adolescente en el contexto del derecho a la educación. El tema será abordado desde una perspectiva analítica y dogmática, de forma tal de proponer la construcción del nombrado interés superior considerando los requerimientos especiales de educación de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en los casos del trastorno de espectro autista. Lo anterior, tomando en consideración la relevancia y  ventajas que ofrece el principio ya mencionado, toda vez que permite adaptarlo a cada realidad y caso particular.

La interpretación de lenguas de señas es la principal medida para facilitar el acceso a los servicios públicos para las personas sordas españolas. La publicación de la Ley 27/2007, con la que se reconocen estas lenguas y el derecho a su uso, fue un hito para la comunidad sorda. La transposición al ordenamiento jurídico de diversas directivas europeas sobre traducción e interpretación, mediante la Ley Orgánica 5/2015, ha venido a respaldar el derecho de las personas sordas a contar con servicios de interpretación en los diferentes procedimientos judiciales. El presente artículo tiene como objetivo analizar cómo la Administración de justicia dota de estos servicios de interpretación. Mediante la revisión de la legislación y la comparación con otras experiencias internacionales, hemos detectado las debilidades de nuestro sistema y planteado propuestas de mejora, como la importancia de evaluar las competencias de los intérpretes para garantizar un juicio justo a las personas sordas.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en consonancia con los arts. 9 y 14 de la Constitución española y la actual Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) ha avanzado en el objetivo de incluir más medios que permitan ofrecer en la práctica las mismas oportunidades entre mujeres y hombres. En la Universidad se han llevado a cabo numerosos esfuerzos consistentes fundamentalmente en la transmisión de valores esenciales y transversales en los planes de estudio y la creación de estructuras organizativas que promuevan el respeto y la igualdad de derechos y oportunidades. El principal reto pendiente se encuentra en la dificultad aún existente para el acceso efectivo a puestos de alta dirección y gobierno de las mujeres. La superación de esta segregación vertical requiere todavía importantes avances para revertir el denominado efecto “leaky pipeline”. 

Es necesario conocer y explorar las diferentes leyes y normativas que se han ido sucediendo en España y entender el reciente recorrido histórico en educación inclusiva y atención a la diversidad y que han determinado el acceso y la práctica educativa en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente en el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad. Discriminación y exclusión social y educativa en el trato, en el lenguaje, en los medios y en el acceso a la educación, como se muestra en los modelos derivados de la Constitución de 1812 y que perduran sin cambios hasta mitad del siglo XIX debido al desconocimiento, carencias y ambigüedades reflejadas en las normativas y que son especialmente analizadas en esta investigación para las etapas de educación Infantil y Primaria principalmente. Leyes que han sido aplicadas a lo largo del tiempo, más como intención que como realidad. Circunstancia que empieza a cambiar bajo un nuevo paradigma, como modelo educativo más equitativo, de derecho y con más garantías para el todo el alumnado.

Este artículo está asociado a la investigación finalizada Los cuerpos de la excepción. Su propósito consiste en enfrentar la perspectiva de lectura genealógica con la perspectiva de los Derechos Humanos, en torno al problema de la cárcel en Colombia. El argumento central sostiene que la perspectiva de los Derechos Humanos es repetitiva y circular, se prolonga hacia el infinito sin resolver nada, asegurando su inevitabilidad para asumir el problema de la cárcel. El método utilizado es el genealógico, como corresponde a la perspectiva adoptada, y se entiende como el proceso mediante el cual se interroga por el valor de los valores heredados. Como conclusión se propone que los Derechos Humanos no consiguen frenar la decadencia de la vida interna de la cárcel ni de la sociedad que reclama esta institución para su funcionamiento.