vol. 12 núm. 2 (2021): ces derecho

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad CES que cursan el consultorio jurídico, presentan de manera semestral, los boletines ABCES. Estos boletines consisten en la revisión minuciosa de un tema jurídico de los que habitualmente son competencia del Consultorio Jurídico, con el objeto de presentarlo a la comunidad en general y con ello empoderarla y clarificar el uso de mecanismos y figuras jurídicas.

El artículo, aborda la manera en que diferentes gobiernos, realizaron procesos de justicia transicional en el siglo XXI. De acuerdo con lo anterior, el escrito describe cómo, en este siglo, se realizaron dos procesos con estas características. El primero corresponde al desarrollado en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mediante la expedición de la Ley 975 de 2005 y el segundo el ejecutado por el expresidente Juan Manual Santos Calderón y conocido como el Acuerdo de Paz. El lector encontrará en el presente artículo la descripción de cómo se originaron cada uno de estos procesos, así como también los organismos creados o adaptados para lograr el sometimiento a la civilidad de aquellos integrantes de los grupos paramilitares y guerrilleros, encontrar los responsables y establecer las respectivas sanciones. Finalmente se establecerán algunas diferencias importantes entre los dos procesos, que los hace únicos.

Salvo excepciones, la jurisprudencia chilena actual ha sido reticente en reparar daños y perjuicios causados por actos lícitos. Debido a que esta posición ha sido justificada en base a la ausencia de disposiciones expresas en la Constitución de 1980, y a una reinterpretación de sus normas indirectamente aplicables, el proceso de cambio constitucional ofrece una oportunidad para facilitar tales reparaciones en Chile, superando de esta forma ciertos límites de su responsabilidad estatal, que se alejan de las soluciones que influencian su Derecho administrativo.

El trabajo contiene una sustanciación histórica y actual del derecho del consumo en Colombia, contrastando las posturas académicas en América Latina, y Europa como una zona de vital importancia en este estudio, enfocado a producir aportes, específicamente en el territorio de Colombia, en este siglo, y su carácter legal, he importante para el estado. Fundamental describir la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación y el objetivo general del trabajo.

El objetivo del texto es analizar cómo se ha estipulado la responsabilidad del Estado colombiano dentro del contexto del conflicto interno armado a través del reconocimiento de la reparación como derecho fundamental. De conformidad con ello, para lograr este análisis el texto expone (i) qué es el conflicto interno armado y cuáles son los elementos que conducen su reconocimiento en la regulación internacional y en el Estado colombiano. (ii) Posteriormente, se examina el concepto de Derecho fundamental a la reparación reconstruyendo los mecanismos establecidos para el alcance de su cumplimiento. (iii) Por último, se analiza la responsabilidad del Estado con las víctimas del conflicto armado en aras de materializar el Derecho fundamental a la reparación bajo el cumplimiento de los elementos que le componen y de los contenidos que lo configuran. Esta propuesta concluye con la exposición de argumentos que postulan el requerimiento de un papel activo del Estado para el cumplimiento del derecho fundamental a la reparación guiada a la construcción de paz, es decir, se plantea la intervención del Estado y la responsabilidad que emana de él en relación con el contexto del marco del conflicto armado y la búsqueda de una paz estable y duradera.

El presente artículo busca analizar el acceso a la justicia ambiental en el caso del páramo de Pisba, en Boyacá, haciendo especial énfasis en el desarrollo y materialización de la llamada justicia procesal. Para cumplir con lo anterior, en primera medida se aborda la conceptualización y evolución de la justicia ambiental desde un marco histórico; en segundo lugar, se analiza el aspecto procesal de la justicia ambiental como elemento relevante para garantizar la participación efectiva de los actores sociales; en tercera medida, se realiza una descripción y caracterización del ecosistema de Páramo de Pisba para finalmente, estudiar las acciones judiciales constitucionales relevantes, a la luz de la noción de justicia procesal ambiental. Se concluye la relevancia de la justicia procesal y el acceso a mecanismos judiciales como herramientas que moldean la protección de los ecosistemas paramunos y, así mismo, garantizan la participación efectiva de los diferentes actores.

Las ciudades inteligentes son un nuevo modelo de urbanismo que utiliza tecnologías de información y comunicación para analizar los datos personales a fin de solucionar problemas de administración municipal y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, los modelos constitucionales occidentales están basados en una sociedad análoga, en la cual las interacciones se dan de manera presencial y donde la información ciudadana no es un elemento fundamental del modelo urbanístico. Particularmente, las constituciones con una fuerte protección de derechos individuales tienen la difícil tarea de balancear las garantías fundamentales con un esquema social que requiere del uso de datos ciudadanos. Igualmente, el rol de la empresa privada en una ciudad inteligente ya no se limita a la prestación de servicios, sino que, dependiendo del modelo, se extiende a labores de administración usualmente reservadas a entidades públicas. Este nuevo panorama implica la necesidad de replantearse las relaciones Estado-individuo-empresa privada. 

Se analizó el desarraigo de los jóvenes del sector rural de Caldas víctimas del desplazamiento forzado. A partir de las categorías desarraigo y re-arraigo se establece un catálogo axiológico constitucional de los derechos fundamentales, los principios Francis Deng y de los derechos humanos vulnerados. Los jóvenes no desean regresar a sus lugares de origen por el ostracismo al que se enfrentan y la imposibilidad de reintegración familiar y social. El enfoque de la investigación fue el histórico hermenéutico desde la revisión documental y entrevistas donde, los principios rectores del desplazamiento interno permitieron examinar sus principales motivaciones, necesidades e impacto.  

La generalización de los derechos puede considerarse como un proceso inacabado, el cual genera efectos adversos a la universalidad e igualdad que plantea, y exponer la razón por la que necesita apoyo de procesos paralelos a este, tal es el caso de la especificación es fundamental para lograr la garantía de los derechos de las mujeres. Es por ello que se plantea la generalización como un proceso de ampliación hacia las mujeres como titulares de derechos y la especificación como proceso complementario en la profundización de su reconocimiento. Se debe partir de la positivación de los derechos, para plantear la necesidad de generalizar los derechos ya reconocidos desde su goce efectivo.

El Derecho a un ambiente sano es un derecho en constante evolución, y ha sido objeto de debate en el desarrollo económico de los Estados, en razón a ello analizaremos como la implementación de energías renovables constituye una garantía al Derecho Fundamental al Ambiente Sano; En ese sentido, se realizó un estudio detallado de la normatividad colombiana y normas de Derecho Internacional aplicables al tema objeto de estudio, con el objetivo de analizar ¿Cómo la implementación de las energías renovables constituye una garantía al derecho fundamental a un ambiente sano en Colombia según los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado? El tema fue abordado a través de un análisis teórico-documental, aplicando las reglas de la interpretación hermenéutica. Esta publicación, advierte sobre la carencia en regulación normativa que posee el Estado colombiano y con ello el incumplimiento a los Convenios y Tratados ratificados por Colombia.