vol. 19 núm. 1 (2023): jurídicas cuc 2023

Este artículo, muestra los resultados investigativos, realizado en Tasajera Departamento del Magdalena- Colombia en 2020; desde un enfoque cualitativo mediante entrevistas y grupos focales; se analizó la deficiencia institucional que conlleva a la vulneración de los Derechos Humanos, y un deterioro de la dignidad humana de sus pobladores a más de 500 años de su fundación; reflejada en la precarización de servicios públicos, educativos y su medio ambiente. Fortaleciéndose en sus pobladores, la capacidad de resiliencia, dentro de lo personal, familiar y comunitario, lo cual, es un motor diario de superación de sus problemáticas profundas. Los resultados muestran, que los participantes perciben a Tasajera, con riqueza cultural, identidad por sus raíces, conciencia ambiental y reconocimiento de la educación como motor de desarrollo; lo que se constituye en factores protectores y resilientes para la superación de la adversidad y abandono estatal del cual ha sido objeto frecuentemente. Concluyendo, que es todo un desafío de las políticas públicas; que, aunada a todas las fuerzas sociales, legales, educativas y políticas, permitan, una cultura de prevención y resistencia frente a la adversidad; mediante un paradigma centrado en el cuidado de sí, del otro y la naturaleza, en la promoción de una verdadera democracia que garantice los Derechos Humanos y repudie todo acto de corrupción. Que finalmente dignifique el mundo de vida de sus pobladores para el logro de su movilidad social.

La “responsabilidad del superior” es una forma de responsabilidad del derecho penal internacional, la cual permite juzgar penalmente a los superiores civiles y militares, por los crímenes de derecho internacional cometidos por sus sub­ordinados. Esta figura se encuentra consagrada en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). No obstante, el Código Penal colombiano no reconoce la responsabilidad del superior, la Corte Suprema de Justicia aplicó directamente el artículo 28 del Estatuto de Roma por primera vez en la sentencia SP5333-2018 del 12 de diciembre de 2018, para juzgar conforme a esta figura a un comandante paramilitar por delitos cometidos por sus subordinados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. El propósito de la investigación fue analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad del superior. La metodología utilizada fue de tipo hermenéutico, en donde se estudió la literatura académica y la jurisprudencia más relevante sobre el tema. Los resultados de la investigación consistieron en desarrollar las dos grandes discusiones jurídicas sobre la responsabilidad del superior que están presentes en la sentencia SP5333-2018, la primera, sobre el manejo de las fuentes del derecho internacional, particularmente acerca de la aplicación directa del Estatuto de Roma, y la segunda, respecto a la naturaleza y contenido de la responsabilidad del superior. Esta investigación constituye un gran aporte al estudio del derecho penal internacional en nuestro país. Por último, la indagación reveló que la responsabilidad del superior ha desarrollada equivocadamente en Colombia.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el cuestionamiento sobre si el reasegurado puede modificar el contrato de seguro y vincular obligatoriamente a los reaseguradores bajo el principio de comunidad de suerte. Para ello, desde una metodología basada en el paradigma cualitativo, con una revisión bibliográfica como técnica de recolección de información y un método jurídico lógico-deductivo, se abordó doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, mediante la cual se pudo llegar a la conclusión que la modificación del contrato de reaseguro, para vincular a los reaseguradores directamente con el asegurado, no tendría aplicación bajo la luz del principio de comunidad de suerte y en consecuencia desnaturalizaría los contratos al romper la autonomía e independencia entre estos.

El presente artículo científico tiene como objetivo analizar la protección social en salud de las etnias en el marco de la Ley 100 de 1993 y la Ley 691 de 2001. La ruta metodológica se fundamenta en el enfoque cualitativo, de tipo documental hermenéutico, aplicando la técnica del análisis documental, y como instrumentos para la recolección de información la observación y la revisión bibliográfica. Entre los principales resultados destaca: El sobre diseño técnico administrativo que tiene el sistema de salud en Colombia constituye un obstáculo para la efectiva atención y acceso a la protección social en salud de las etnias; asimismo la escasa atención diferenciada en salud, ignorando costumbres ancestrales, características del entorno social y cultural de estos pueblos. La originalidad y aportes se centra en el abordaje socio jurídico del derecho público y la seguridad social en salud de las etnias, considerando particularidades sociodemográficas, fisiológicas, y elementos determinantes de la salud. Como conclusión es pertinente resaltar la tensión existente en la aplicación del régimen de la especial protección de las etnias en Colombia, por mandato constitucional y legal dentro del modelo de Estado Social de Derecho, que considera factores geográficos, socioculturales, políticos, sanitarios, financieros - administrativos, y la poca intervención del Estado en los contenidos de los planes obligatorios étnicos. Finalmente, es menester señalar la necesidad de realizar reformas a los planes obligatorios de salud adaptados a la diversidad biopsicosocial de las etnias.

El fenómeno del blanqueo de capitales como consecuencia de la actuación de grupos criminales constituye un factor negativo que retrasa el desarrollo global de la comunidad internacional. La necesidad de este estudio se debe al aumento de la escala de tales actos delictivos que afectan negativamente al desarrollo de la nación, y amenazan directamente a la seguridad del Estado de Derecho, lo que evidencia falta de base regulativa para combatir este flagelo. Por lo tanto, como propósito del estudio se definió el concepto y alcance del lavado de activos por parte de grupos de crimen organizado, así como el estudio de las medidas y políticas para combatir este fenómeno en lo que respecta a las relaciones europea y ucraniana. Se utilizaron métodos en el estudio, en particular: dialéctico, histórico-legal y el formal-lógico. Se utilizó también el método comparativo, que ayudó a caracterizar las especificidades del derecho penal frente a la protección de las relaciones públicas derivadas del lavado de dinero en Ucrania, los países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Los autores concluyen que la política pública de Ucrania contra los delitos cometidos por grupos de crimen organizados se caracteriza por la obsolescencia del marco normativo y jurídico; por tanto, las lagunas en la organización de la lucha contra ese tipo de delitos, la reducción de las unidades especiales de la policía y el insuficiente nivel de cooperación de los órganos estatales constituyen las razones principales del aumento que presenta el blanqueo de capitales. El material empírico original recopilado permitirá a los teóricos de este campo continuar sus investigaciones y contrarrestar eficazmente este fenómeno negativo.

El presente artículo es un trabajo de reflexión cuyo objetivo central es hacer una lectura crítica a los abordajes que desde las ciencias sociales se han hecho al fenómeno de la violencia sociocultural en Colombia, de manera particular a la violencia asociada a la protesta social. El mismo se desarrolló desde las teorías que han aportado a la consolidación de la filosofía social y la psicología social, tales como: el psicoanálisis aplicado a fenómenos sociales, la fenomenológica de la percepción, la memoria colectiva, y la epistemología de la complejidad. En ese sentido el trabajo se nutre de las apuestas que explican lo social desde su doble vertiente: Desde lo específico, del caso por caso, donde lo subjetivo prima sobre lo objetivo. Lo estructural, lo sistémico y complejo del fenómeno. A partir de estas fuentes teóricas, el artículo reflexiona en torno a la pregunta por la génesis y naturaleza de las marchas y la violencia en las calles. Se interrogó entorno a si el vandalismo asociado a marchas, es un problema de delincuencia o por el contrario es un problema estructural de mala convivencia e imposibilidad de reconciliación nacional. Igualmente, el trabajo discutió sobre los efectos que ha traído para la consolidación de una paz estable y duradera, pensar la problemática de la violencia de una u otra forma. Entre los principales hallazgos del trabajo se ubicó el hecho de que la vivencia ininterrumpida de la violencia en la historia del país, recuerda que el capítulo del conflicto armado interno no se acerrado para los colombianos, que no se han sanado las heridas de la guerra y confrontación de tantos años. Que la violencia en el país no ha desaparecido, no ha cicatrizado; por el contrario, permanece perenne y mutante.

El desarrollo económico y social de las naciones en busca de una mejor calidad de vida para sus habitantes ha sido una preocupación constante no solo de cada Estado o gobierno en particular, sino de los organismos multilaterales en general, preocupados por la migración creciente en los últimos años. La presente investigación tuvo como objetivo analizar el plan de desarrollo económico y social de Venezuela para los periodos 2000 al 2019, medido en términos del Índice de Desarrollo Humano expuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el movimiento migratorio realizado durante el mismo periodo en América Latina. La investigación tiene un enfoque cualitativo, el diseño es bibliográfico documental y la técnica utilizada es la hermenéutica dado que se realizan búsquedas científicas de la información para lograr comprender y explicar el fenómeno de estudio. Finalmente, se concluye que la migración venezolana ha causado variaciones en el desarrollo económico y social de los países receptores, según el estudio del Índice de Desarrollo Humano en términos del conocimiento y talento humano que conforman las instituciones universitarias, el cual refleja una reducción para Venezuela en más de un 50%, producto de la renuncia de docentes preparados académicamente que han decidido migrar a otros países tales como Colombia y Perú.

La actividad judicial, diseñada constitucionalmente como un mero control técnico, se ha modificado gradualmente por el control de constitucionalidad, la judicialización de la política y el activismo judicial, aspectos bien estudiados por los necesarios equilibrios de los poderes públicos. Mientras que los obiter dictum en las sentencias suelen estudiarse para descartar lo dicho al pasar de los holding del fallo, sin embargo, pueden resultar un mecanismo más lábil por parte de los jueces, pero eficiente al fin, para introducir consideraciones de tipo políticas. En este artículo se propone estudiar, a partir del análisis hermenéutico y contextual de la causa “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación S/Acción declarativa de certeza”, los obiter dictum de esta sentencia como pronunciamientos políticos de la Corte. Se puede concluir como estos elementos, desdeñados como secundarios, resultan importantes a la hora del estudio de una sentencia judicial por ser un aspecto más que exterioriza la politicidad de la función judicial.

Se discute si los derechos emergentes detentan o no la naturaleza de derechos humanos, lo cual, desde perspectivas dogmáticas y formalistas, podría ser un obstáculo para su efectividad. En tal sentido, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar las metodologías interpretativas y argumentativas utilizadas por la Corte Constitucional colombiana en el marco del Estado Constitucional que posibilitan concretar el alcance jurídico de nuevos derechos en aras de encauzar su justiciabilidad y materialización. Metodológicamente, se trata de una investigación jurídica, realizada desde el paradigma cualitativo, de tipo explicativo, mediante revisión bibliográfica. Respecto a los resultados, la investigación develó que si bien los derechos emergentes enfrentan dificultades en cuanto a su fundamentación por la ausencia de consenso acerca de si ostentan o no el carácter de derechos humanos, la especificidad de la interpretación constitucional, orientada en forma determinante por el postulado político Estado social de derecho, los valores de dignidad humana y justicia material en armonía con los enfoques de argumentación retórico y dialógico, constituyen herramientas vitales para su reconocimiento como derechos fundamentales. Este trabajo contribuye no solo a avanzar en la fundamentación teórica de los derechos emergentes, sino a viabilizar la determinación de sus contenidos a partir del análisis de la actividad hermenéutica y argumentativa propias del constitucionalismo contemporáneo. En conclusión, es dable sostener que el carácter especial de la interpretación constitucional aunada a los referidos enfoques argumentativos posibilita ampliar el ámbito de protección de los derechos a partir de la resignificación de los valores que soportan el sistema jurídico.

La investigación tuvo como objetivo analizar la implementación de la política pública del Estado colombiano para la reparación a víctimas del conflicto armado en el Departamento de Córdoba. En este sentido se desarrolló, mediante el paradigma interpretativo y metodología cualitativa, una investigación sociojurídica de carácter documental. Las unidades de estudio son los documentos oficiales que dan cuenta del registro y seguimiento de la política pública de reparación a víctimas para identificar las medidas aplicadas en el Departamento de Córdoba. Los resultados permitieron identificar las medidas referidas a la restitución de tierra, restitución de vivienda, indemnización por subsidio de vivienda, indemnización por vía administrativa, empleo y generación de ingresos, créditos y pasivos, medidas de satisfacción, y garantías de no repetición en el Municipio Montería. En cuanto a su implementación, existe mayor tendencia de reparación en las medidas de restitución de tierras; las medidas de indemnización siguen presentando la dificultad de la asignación de los montos proporcionales y coherentes con el hecho victimizante, por lo cual su aplicación y registro presenta debilidades en el reconocimiento y visibilidad del alcance. Finalmente, se considera que las medidas de reparación a víctimas, necesitan seguir siendo acompañadas por políticas públicas de seguridad y protección, de restablecimiento de la confianza de las víctimas en el Estado, y de nuevos mecanismos de restitución, justicia y paz que logre atenuar el impacto negativo individual y colectivo por demás reflejado en una sociedad colombiana que se ha ido habituando cada vez más, al desarraigo territorial.

En el campo del conocimiento de las Ciencias Sociales, las deudas de construcción son ingentes para los grupos humanos marginalizados, excluidos históricamente, no solo desde las realidades sino incluso en los temas de investigación científica. La ciencia debe ser democrática, responsable, colaborativa, ética e inclusiva. En ese sentido, se deben materializar en la cultura científica el rigor de los procesos de investigación, su desarrollo y posterior divulgación, difusión, con criterios ceñidos a la integridad científica y calidad de los contenidos. Hacer y compartir conocimientos con aportes significativos para las sociedades.

En el presente artículo se estará realizando un análisis de la evolución que ha tenido la responsabilidad por riesgo creado desde su reconocimiento en el derecho romano, como un modelo puramente objetivo, pasando por su evolución en el derecho francés debido al incremento de los riesgos ocasionados por la revolución industrial y el incremento de la actividad económica; y por último analizando la figura en clave de los desarrollos tecnológicos de la actualidad. A partir de dicho reconocimiento, se busca verificar si la ausencia de la valoración de la culpa en tiempos del derecho romano o de la evolución de la teoría en Francia pudiera ser aplicable al uso que los consumidores hacen de la tecnología digital en tiempos actuales. Por lo tanto, nos propusimos como objetivo general determinar si la institución de la responsabilidad por riesgo se ha mantenido estática o ha evolucionado para adecuarse al avance tecnológico. Para ello, como aproximación metodológica, se aplicó un análisis de tipo deductivo y corte cualitativo, con elementos comparados e históricos, basados en fuentes primarias y principalmente secundarias, que permitieron la obtención de las conclusiones alcanzadas. Tal proceso nos permitió evidenciar que la figura de la responsabilidad por riesgo creado ha venido evolucionando desde un escenario de absoluta responsabilidad objetiva, la cual se acentúa en el caso del productor de bienes y servicios, y que viene matizándose con nuevos deberes de parte de los consumidores en el correcto uso de los bienes y servicios en la era digital.

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la economía social de mercado es el modelo económico que impera en Colombia, en el cual el Estado Social de Derecho, bajo el principio de la solidaridad, busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En esta situación el Estado actúa por intermedio de los políticos y los jueces para proteger los derechos de los pobres. En consecuencia, esta investigación se pregunta, ¿de qué forma el Estado Social de Derecho pretende garantizar los derechos fundamentales de los pobres en Colombia? El objetivo es recabar y exponer aquellos elementos teóricos, metodológicos y jurisprudenciales, a través de los cuales el Estado colombiano busca garantizar los derechos fundamentales de los pobres. Mediante un método cualitativo-interpretativo sobre el desarrollo jurisprudencial se obtienen resultados que permiten concluir que el Estado colombiano busca garantizar los derechos fundamentales de los pobres a través de un instrumento de economía política, en torno a la solidaridad, que consiste en legitimar un proceso de redistribución de la riqueza disponible. Los resultados de esta investigación son inéditos en las ciencias sociales y constituyen una pieza central para el estudio científico de la pobreza, toda vez que articulan las ciencias económicas, jurídicas y políticas, permitiendo la integración entre pobreza y riqueza.

El objetivo fue valorar el capital intelectual incluyendo su ámbito jurídico en el sector hotelero en Cuba. Se desarrolló un estudio de caso, aplicando una investigación analítica, con diseño longitudinal. Se utilizó el modelo y procedimiento Vega-Rivero para la medición del capital intelectual. Además, se aplicó el método de expertos para ponderar los cálculos realizados, procesándose la información con el apoyo de Microsoft Excel 2019 y el software SPSS versión 26. Como resultado se indica que la medición del capital intelectual evidenció un aumento en 299.28 USD en el hotel objeto de estudio al compararse los dos meses estudiados. Así mismo, se rectifica la adaptación del ámbito jurídico cubano a las exigencias del entorno. Se concluye, que la medición del capital intelectual ratificó la validez modelo y procedimiento Vega-Rivero; los resultados sirven de soporte para futuros estudios enfocados a medir el capital intelectual en entidades hoteleras.

Este artículo examina las peculiaridades de los enfoques legislativos de la responsabilidad por revelación del secreto bancario en Europa y Estados Unidos. El objetivo del artículo caracterizar la responsabilidad juídica por la revelación del secreto bancario, mediante la descripción de los tipos y sujetos de la responsabilidad jurídica. Para alcanzar el objetivo del artículo, se utilizaron métodos de investigación formal-lógico, documental y comparativo; lo cual, ayudó a describir los apectos relevantes de la regulación comparada internacional que garantiza el secreto bancario, así como a exlicar las especificidades de la legislación bancaria, destinada a la protección del secreto bancario. Se llega a la conclusión de que en la mayoría de los países desarrollados, el secreto bancario se considera un tipo especial de secreto comercial y está consagrado en diversas normativas, que en su mayoría son de carácter universal. La legislación de los países desarrollados prevé el enjuiciamiento de los responsables de la divulgación del secreto bancario por la vía penal, civil, administrativa, disciplinaria, además de otros tipos de responsabilidad jurídica.

En términos internacionales el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) establece la reparación integral como una obligación de los Estados. Se han fijado una serie de criterios orientadores a partir de convenciones y pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Inter­americana de Derechos Humanos (CorteIDH). Este artículo tiene como propósito establecer los estándares internacionales de reparación integral de víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto interno armado colombiano desde una perspectiva de género. Metodológicamente se acudió al diseño cualitativo con revisión documental, para establecer las dimensiones de las violencias sexuales y los elementos propios para garantizar la reparación integral. Se estableció una aproximación a las manifestaciones de las violencias sexuales mediante el análisis de contenido. Se logra evidenciar que las violencias sexuales, son una manifestación de la violencia de género y fue una estrategia de guerra en el conflicto armado colombiano. Como tal la violencia sexual, constituye crimen de guerra del cual se derivan obligaciones internacionales para los Estados en cuanto a su investigación, sanción y reparación integral, que requiere incorporar elementos diferenciadores que reconozcan el entrecruzamiento de variables de opresión como género, raza y clase, acorde a lo indicado por el SIDH.

Un fenómeno creciente en el turismo es su asociación con la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), permeando este flagelo a los diferentes pueblos indígenas, siendo este delito de competencia de la Justicia Ordinaria (JO) y que deja como duda qué sucede al interior de algunas comunidades indígenas que han sido afectadas por esta problemática con sus Justicias Propias o Justicia Especial Indígena (JEI) frente a la prevalencia de los derechos de los niños y niñas víctimas, por lo cual siendo una necesidad y nuestro objetivo analizar en qué medida la explotación sexual comercial o no comercial de niños y niñas asociada a viajes y turismo, permea a pueblos indígenas en Colombia vulnerando la diversidad cultural interna presente en sus prácticas sexuales, esto metodológicamente conlleva la realiza de una revisión sistematizada de fuentes secundarias a fin de describir, interpretar y argumentar sobre el estado, alcance e importancia de la sinergia o complementariedad entre la JEI, y la JO, para poder establecer como aporte una consolidación de la materialización del garantismo jurídico en este grupo etáreo, en particular desde el amparo a su diversidad étnica y cultural, y el ensamble de la integridad sexual y reproductiva como derecho fundamental.

  En el presente artículo, se hace un análisis de la categoría de la confianza legítima en relación a las decisiones judiciales de la Corte Constitucional colombiana. Para ello, se realizó una interpretación extensiva de esta figura, que nació como una expectativa de cara a los desarrollos legislativos después de la segunda postguerra mundial; y evoluciono, como una expectativa de los ciudadanos frente a la administración pública en general. No obstante, sin detenernos en el caso del legislador y la administración pública, que comparten los presupuesto clásicos de la confianza legítima como son los principios de seguridad jurídica y de buena fe, se incluyó para efectos de este estudio, un nuevo criterio de análisis como la ética pública para indicar como -esta- se constituye en un criterio ineludible de la confianza legítima -que siempre ha estado sin visibilidad-, y debe estar en todas las decisiones judiciales, y mucho más cuando se trata de altos tribunales, u órganos de cierre del sistema jurídico-político, como las cortes constitucionales que dirimen los conflictos de mayor huella social. Para esta investigación se aplicó un enfoque paradigmático de corte hermenéutico en armonía con un enfoque cualitativo sustentado en una rigurosa técnica de análisis de texto. Como resultado de este trabajo se evidencia el alcance de esta figura y su impacto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. 

Los conflictos armados contemporáneos son el resultado de la evolución de miles de años en la práctica de una actividad humana que ha generado tanto aportes al desarrollo de la humanidad, como terribles tragedias que han demostrado la brutalidad de la guerra. A pesar de esto, se ha podido constatar que, como consecuencia de las guerras, la humanidad ha podido avanzar en la construcción de un marco legal que ayude a la mitigación de esta, y al mismo tiempo, a la construcción de herramientas que ayuden a consolidar la paz universal. Sin embargo, los actores bélicos han continuado con la evolución de esta llegando al punto de desestabilizar a sus objetivos sin tener que utilizar los métodos tradicionales de enfrentamiento. Por tal motivo, el propósito de esta investigación es determinar cuáles son los medio y métodos de los actores contemporáneos en contexto de Guerra Híbrida frente al Derecho Internacional Humanitario-DIH. El enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, utilizando como herramienta primaria el análisis teórico y bibliográfico, desencadenando en la examinación de tres casos de estudio para la consecución del objetivo. El principal hallazgo de la investigación es determinar que los medio y métodos de la confrontación han cambiado drásticamente imposibilitando, en gran medida, el principio de distinción en el marco del DIH. En este punto, el documento aporta a que existe un espacio vacío en el marco del DIH frente a este tipo de enfrentamiento, limitando el propósito de este.

Esta investigación establece las causas del delito de la desaparición forzada y analiza la vulneración de los derechos de la población expuesta en Colombia, y el Estado de México-México; identificando las consecuencias que impactan a las familias de las víctimas especialmente las mujeres. Con el propósito de conocer la efectividad de las acciones determinadas por los órganos Estatales y demás actores de la sociedad para apoyar a las víctimas en los dos países. La metodología utilizada es mixta con enfoque socio jurídico, analizando las leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y doctrina sobre los conceptos de víctima de desaparición forzada en las dos naciones. Los resultados establecen que, tanto en México como en Colombia, la desaparición forzada es una problemática social, la cual en los últimos años tiene especial vigilancia por las distintas entidades creadas para tal fin, por ejemplo, en el caso Colombia existe la Unidad de Víctimas de Desaparición Forzada, la Fiscalía General de la Nación; y en el caso del Estado de México-México existe la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Nacional Ciudadano, entre otras instituciones. Este aporte permite validar la importancia de las instituciones frente al esclarecimiento de los hechos de desaparición forzada en ambos países, logrando así la verdad y evitar la repetición. Aunque los dos países se configuren estructuralmente diferente, comparten una historia semejante entorno a este fenómeno. Se vislumbrará el panorama de la desaparición forzada a partir de la respuesta que han dado los distintos organismos encargados en los dos países.