vol. 10 núm. 1 (2017): (enero-junio)

El presente estudio, gira en torno al desarrollo de la Justicia Tran­sicional y el Control de convencionalidad que contiene un vacío norma­tivo existente en el Marco Jurídico para la Paz (Acto legislativo 01 del 2012) en relación con los parámetros consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que no se in­corporó una clasificación detallada de los delitos políticos al momento de dar aplicación a los acuerdos realizados dentro del proceso de paz, lo que generaría graves violaciones a los derechos humanos de las vícti­mas ya que no se garantiza bajo los estándares internacionales (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición) considerados como los pilares sobre los cuales se estructura el proceso de paz en Colombia con el fin de resarcir las víctimas del conflicto armado colombiano.

Los cambios económicos presentados en el mundo a fines del siglo xx e inicios del xxi exponen un surgimiento de relaciones en el sistema internacional en donde las hegemonías se diluyen en medio de un mundo multipolar, lo cual permite la consolidación de una «agenda global» compartida por variados actores que unidos, con una mayor simetría y fortalecimiento en acciones de Cooperacion Internacional al desarrollo fomentan operaciones de la cooperación sur-sur (CSS). En este sentido Colombia debe enfrentar la decisión de consolidarse en líder regional a través de la cooperación interna­cional o mantener su papel como elemento de la política exterior estadounidense.

 Cuando se retoman los instrumentos de análisis de la antropo­logía de los sentidos, la iluminación profana, y las tres dimensiones de la violencia para darle una nueva explicación a las historias de vida (especialmente sus sometimientos a la violencia) de los sujetos de estudio de los autores en investigaciones previas, salen a la luz explicaciones y conclusiones que ponen de nuevo en tela de juicio las dinámicas de relacionamiento vigentes en la sociedad colombiana, las cuales proporcionan una profundización analítica y mayormente holística, en cuanto a las repercusiones ocasionadas por la injerencia del conflicto armado en el tejido social, la construcción de identi­dades socioculturales y la configuración de estructuras simbólicas, alegóricas a las tipologías de la violencia en Colombia.

 A partir del reconocimiento de que la población LGBTI es vícti­ma de la violencia de género, se toma como nicho de análisis el ejer­cicio de tal forma de violencia contra esta población en el contexto del conflicto armado colombiano, que ha alcanzado notas dominan­tes de generalidad, ensañamiento y crueldad por parte de los actores armados. Así, se revisa el marco normativo de protección jurídico-penal de la violencia de género, con la finalidad de establecer su cobertura frente a esta forma de violencia en contra de la población LGBTI en la situación de conflicto, tomándose como hipótesis su in­suficiencia para hacer frente al referido flagelo. Y, en consecuencia, el problema de investigación se formula como ¿Cuáles son las razones que permiten afirmar que el ámbito de protección jurídico penal en Colombia es insuficiente para amparar adecuadamente las hipótesis de violencia de género en contra de la población LGBTI en el contex­to del conflicto armado? Se trata de una investigación cualitativa, basada en la revisión de fuentes secundarias sobre la materia. En suma, el artículo establece que se hace indispensable la actualización del ordenamiento jurídico colombiano en materia de violencia de género, con la finalidad de in­cidir en las esferas de sensibilización, sanción y acciones estatales en la prevención y eliminación de esta tipología de violencia en contra de la población LGBTI.

En 1999, los Gobiernos de Uganda y Sudán como una estra­tegia para recuperar las relaciones diplomáticas y terminar con las tensiones entre ambos países, firmaron un acuerdo en la ciudad de Nairobi. Este importante paso, ha demostrado ser un exitoso caso de externalización de un conflicto, teniendo en cuenta los factores domésticos y las relaciones interestatales. Actualmente Venezuela y Colombia se encuentran en la misma situación, por lo cual es pertinente determinar qué lecciones pueden aprender estos dos países del acuerdo firmado en 1999, para lograr la reconstrucción de la confianza y establecer mecanismos de cooperación bilatera­les dirigidas a la construcción de paz. A partir de lo anterior, se realizará una revisión de la teoría de la internacionalización de los conflictos, centrándose en el enfoque de la externalización. Posteriormente, se procederá a analizar los casos, las características del acuerdo y las falencias de las relaciones bilaterales entre los dos países sudamericanos. Finalmente se presentan a la responsa­bilidad, la mediación, el modelo del single document approach y el compromiso real y completo, como aquellas lecciones que se pue­den rescatar del acuerdo de 1999. Así mismo, se plantean algunos avances que se pueden evidenciar en la actualidad referente a las lecciones.

El conflicto armado en Colombia, catalogado a través de los ins­trumentos internacionales de derechos humanos como un Conflicto Armado No Internacional (CANI), ha afectado a muchos sectores de la población. Desde hace más de cinco décadas, el país vive una guerra que con el paso del tiempo se ha tornado cruenta. Su surgimiento se origina en causas como: las políticas agrarias, la desigualdad en la posesión de las tierras, la lucha bipartidista y las diferencias de clases sociales; situaciones estas que dieron origen a grupos armados como las Farc y el Eln y a otros grupos surgidos a medida que el conflicto se agudizaba y se extendía por otras zonas geográficas del país. Los pueblos indígenas no escapan a este conflicto, es así que por su causa, los emberá katío en el Alto Sinú han sufrido un desplazamiento for­zado que los tiene al borde de su extinción física y cultural.

Este artículo pretende contribuir a la reflexión en torno a la ne­cesidad de regulación de la protección de datos personales en Cuba. La autora parte del concepto de dignidad previsto en la legislación cubana, sobre el cual habría de constituirse el derecho a la autode­terminación informativa. En el texto se hace referencia a la situación de los países del área iberoamericana, en la mayoría de los cuales existe una regulación detallada sobre este derecho. Se aportan además las líneas funda­mentales que deberían orientar la regulación en Cuba, y se señalan también diversos argumentos a favor de esta normativa en el país.  

La revista Criterios. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, atraviesa por un crucial momento que determinará de manera decisiva su futuro. En este momento se enfrenta a la nueva política para mejorar la calidad de las publicaciones científi­cas, que transforma de manera radical el modelo de clasificación de revistas científicas, en tanto se pone el acento, más que en la cali­dad editorial, en el factor de impacto de las revistas científicas, que se refleja en el número de citaciones que tiene cada uno de los artí­culos publicados.

 La incorporación de la institución familiar en el articulado nor­mativo constitucional colombiano de 1991, ha significado el recono­cimiento de una protección especial a la familia en tanto desempeña un papel fundamental en la configuración del entramado social. Es por ello que el abogado de familia, en el marco de una gestión pro­fesional socialmente responsable, habrá de propender por la generación permanente de actuaciones estratégicas o de alto impacto en beneficio de la armonía y la unidad familiar, las cuales abunden en garantías para la convivencia pacífica en procura del interés social antes que el particular.