Universidad del Rosario

Uno de los aspectos que desestimulaban la destinación de vivienda urbana dedicada al arriendo era el atinente a la tardanza en la tramitación del proceso al que había que acudir en el evento de que el arrendatario incumpliera las prestaciones a su cargo, y  el arrendador se viera impelido a demandar judicialmente la restitución del bien. Con el fin de superar esta dificultad, la Ley 820 del 10 de julio de 2003 modificó el régimen de arrendamientos y varió algunas disposiciones de carácter sustancial y procesal en lo que a vivienda urbana se refiere, que deben redundar en la celeridad con que se evacuen estos asuntos; en lograr el equilibrio entre las partes intervinientes, y en garantizar a los colombianos el derecho constitucional  a disfrutar de una vivienda digna.