Este trabajo aborda la relación entre corrupción y género, teniendo en cuenta el interés contemporáneo y trasnacional por ahondar en el fenómeno que nace de la fusión entre estas dos categorías, con miras a responder satisfactoriamente en la lucha contra este flagelo, cuyos efectos pueden ser más intensos como consecuencia de los roles de género y la declinación de las mujeres en calidad de víctimas o la asunción de la calidad de victimarias. Con este objetivo, realizamos una reconstrucción teórica que permite esclarecer los conceptos abordados, para desembocar en su aplicación concreta por parte de las organizaciones internacionales, especialmente en el ámbito de su regulación. Todo esto sin perder de vista el marco de las dinámicas locales, con el objetivo de identificar su correspondencia con el contorno global.

Este artículo discute en qué medida la definición jurídica internacional del genocidio protege la identidad cultural de los pueblos étnicos, como interés autónomo, independientemente de la vida de sus miembros. Se defiende la tesis de que la identidad cultural constituye un objeto de protección con relativa autonomía. Si bien es posible interpretar ampliamente el término destruir, los medios para lograr la destrucción son limitados, pues necesariamente se deben subsumir en los actos de genocidio enunciados en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, se advierte que estos actos no se dan siempre en condiciones análogas, ya que los efectos de la violencia dependen del contexto en el que esta se ejerce y de las características del grupo atacado. Para sustentar esta reflexión, el artículo conecta el análisis normativo de la jurisprudencia relevante y los trabajos preparatorios de la Convención con el estudio empírico del caso del pueblo nasa; así, se busca ilustrar algunos daños que la identidad cultural de los pueblos indígenas puede sufrir en conflictos armados. El artículo llama la atención sobre la importancia de la interpretación contextualizada de este crimen.

La trata de personas continúa siendo una preocupación en Colombia y en el mundo, debido a sus enormes dimensiones, así como a los diversos impactos negativos que origina. Aunque en principio existe un acuerdo para abordar el fenómeno de la trata de personas desde el enfoque basado en derechos humanos, se considera que esto continúa siendo un deseo y no una realidad. Teniendo en cuenta este panorama, este trabajo considera importante y pertinente dar respuesta las siguientes preguntas: ¿qué significa abordar la trata de personas desde el enfoque basado en derechos humanos? y ¿por qué es necesario abordar la trata de personas desde el enfoque basado en derechos humanos? La respuesta se da en clave nacional, aterrizada al caso colombiano, utilizando diferentes aproximaciones metodológicas, pero sus hallazgos pueden ser reflejados y comprendidos desde dinámicas regionales y globales.

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, las organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos pueden presentar un informe en relación a la violación de sus derechos en el marco del conflicto armado (regulados en la Ley 1922 de 2018). Estos informes se consideran una expresión del derecho de participación de las víctimas ante la JEP. Este trabajo, en primer lugar, expone el marco normativo de la JEP en relación a la participación de las víctimas y a su vez plantea la importancia de garantizar este derecho de cara a los retos de esta jurisdicción. En segundo lugar, mediante un abordaje cualitativo, presenta datos recopilados de entrevistas semiestructuradas realizadas a representantes de organizaciones que han presentado informes a la JEP. Estas entrevistas tuvieron como objetivo explorar el derecho de presentar informes a la JEP respecto a tres conceptos: apoyo, visibilidad y participación. Los resultados mostraron que (1) las víctimas reciben apoyo para presentar sus informes, (2) la presentación de los informes aumenta la visibilidad de las víctimas y (3) la presentación de los informes se considera un mecanismo real de participación de las víctimas en la JEP.