Al amparo de la declaratoria de Estado de excepción, con motivo de la pandemia del COVID-19, y teniendo en cuenta las competencias del Consejo de Estado, a la fecha del 29 de junio de 2020 se habían radicado en la Corporación 1140 solicitudes, relacionadas con decretos, acuerdos, resoluciones, circulares, instrucciones administrativas, autos, directivas, y prorrogas a contratos proferidos por autoridades del orden nacional. Este artículo da cuenta del estudio de legalidad realizado por las diferentes Salas de Decisión y se destacan algunas consideraciones.

  Los Decretos Legislativos, expedidos por el Presidente de la República, en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológico, como lo es el de la pandemia Covid-19 deben ser controlados por la Corte Constitucional, a fin de determinar su constitucionalidad y de esta manera, que se puedan ejecutar en todo el territorio nacional. En estos momentos, ya se han expedido más de cien Decretos Legislativos, en donde la Corte se ha pronunciado en un 40%, determinando que, en casi su totalidad, se encuentran ajustados a la Constitución.