En el año 2005 entró a regir un nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, en el cual se plasman una serie de elementos que pretenden optimizar la justicia modernizando los procesos de investigación con el fin de brindar garantías a los participantes en procesos penales, delimitar funciones de la Fiscalía, profesionalizar al investigador criminal, descongestionar los juzgados y atacar la corrupción, entre otras finalidades. Se pretendía que se diera un cambio de paradigma o cambio cultural en la administración de la justicia, además se esperaba un acercamiento de las ciencias denominadas "duras" a formar parte activa en los procesos de investigación criminal, lo mismo que un auge en la criminalística y la profesionalización del investigador criminal. La realidad muestra que todo está en el papel aún y que no hay cambios significativos pues las mismas autoridades, abogados y fiscales, entre otros, creen que es lo mismo ser investigador forense, criminalista e investigador judicial o criminal, lo que genera más incertidumbre que claridad a la hora de definir roles. Con este trabajo se pretende hacer claridad con respecto a cada uno de ellos e ilustrar la situación que se presenta en la práctica real.