Al confrontar el cumplimiento de la política pública en el marco de la Ley 1361 de 2009 y 1857 de 2017 que regula la protección integral a la familia en lo plasmado en los planes de desarrollo de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Cereté, Córdoba (2016-2019), el objetivo de este artículo, abordado desde un enfoque sociojurídico, es analizar cómo asumieron el concepto de familia con el fin de salvaguardar la integridad del núcleo esencial de la sociedad. Por tanto, la atención integral a la familia como está concebida en la Constitución, la ley y la jurisprudencia está lejos de ser cumplida en la política pública de los entes territoriales mencionados, como se evidenciará en el presente trabajo. En consecuencia, tras el análisis de los planes de desarrollo a la luz del concepto amplio de familia y la atención integral que demandan las leyes referidas, es necesario que la política pública territorial se descentralice e inicie la atención desde la periferia hacia el centro, teniendo en cuenta cultura, usos y costumbres, y rasgos políticos, económicos y sociales de la familia.

La dignidad humana, como fundamento y principio del Estado Social de Derecho, no es fruto del azar, sino que es el resultado del desarrollo conceptual filosófico, teológico y de revoluciones sociales y liberales que hicieron de ella un reconocimiento inherente a la persona humana, llegando a concretarse en el sistema normativo positivo en instrumentos internacionales obligatorios para los Estados parte y a los que Colombia se integra. Sin embargo, el reconocimiento a la dignidad inherente a la persona humana y su positivización en distintas normas, hoy día, en el Estado Colombiano, no es garantía para su protección integral, en especial con las personas que están privadas de la libertad, quienes, por este solo hecho, crean un vínculo jurídico con el Estado, donde este se obliga a la protección en virtud de su dignidad. Frente a este incumplimiento, la Corte Constitucional se ha visto en la obligación de declarar en varias ocasiones el estado de cosas inconstitucionales en relación con el sistema penitenciario y carcelario, y ha determinado que el Estado tiene la obligación de proteger a toda persona privada de la libertad en virtud de la dignidad humana que le es inherente.

En el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, en el punto uno, denominado reforma rural integral, se determinó la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) bajo la modalidad de barrido predial, lo cual se materializó en el Decreto – Ley 902 de 2017. La implementación del plan quedó bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras que como máxima autoridad en el tema de tierras le corresponde la gestión para el acceso a las comunidades beneficiarias del acuerdo de paz. En dicho decreto se previó como mecanismo alternativo preferente de solución de conflictos a la conciliación, pero, a la vez, se determinaron los asuntos inconciliables relacionados con el acceso a la política de tierras y, por razones de integridad normativa, el límite de este mecanismo se extiende otras normas; además, por la cercanía con las comunidades beneficiarias de esta política se da una prerrogativa a la Agencia Nacional de Tierras para conciliar asuntos relacionados con su misionalidad. En este sentido, se reflexionará sobre el alcance de la conciliación en el POSPR y los beneficios de esta durante el barrido predial.