El presente texto tiene por objeto presentar algunas reflexiones acerca del papel de la educación superior en la sociedad, acerca de su misión, sus fundamentos y objetivos frente a la conservación y transmisión de la cultura, el conocimiento y la técnica, de acuerdo con los planteamientos políticos que fueron formulados desde el texto constitucional de 1991. Estas reflexiones recogen los elementos de política pública que deben ser considerados en los actuales debates en materia de educación superior, de forma que las instituciones universitarias, y en especial las estatales u oficiales, puedan responder no sólo a las exigencias de un mercado competitivo que reclama el cumplimiento de requerimientos de calidad, sino también de la sociedad que demanda profesionales idóneos para la solución de los problemas nacionales. 

La Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios» . Esta disposición establecía que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenazara con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que diera lugar a una transformación en las actividades tradicionales, se debía realizar una consulta popular de conformidad con la ley. Esta última decisión de la Corte se suma a la Sentencia SU 095 de 2018 en la que, en un caso de tutela contra providencia judicial seleccionado para revisión, la Corte concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda., que consideraba desconocido con las actuaciones procesales del Tribunal Administrativo del Meta en la revisión de constitucionalidad de una consulta popular en el municipio de Cumaral.

El siguiente artículo sintetiza de manera descriptiva, los principales elementos teóricos que conforman la discusión en torno a la potestad normativa de las universidades estatales. Tiene como propósito ubicar la temática referida en el contexto de las dinámicas propias de la función administrativa, de sus tendencias y transformaciones a la luz de aproximaciones a nociones como el sistema de fuentes del Derecho Administrativo, la autonomía universitaria y la descentralización. Igualmente, se orienta a plantear las principales tesis y conceptualizaciones definidas por la jurisprudencia sobre el tema, y por último a presentar un breve bosquejo alusivo al tratamiento de la temática planteada en otros países.  

El artículo presenta a partir del análisis de las consultas populares frente a proyectos minero-energéticos, un estudio crítico sobre las deformaciones normativas y jurisprudenciales que ha sufrido el modelo de Estado unitario, descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales, al igual que el debilitamiento de la participación ciudadana como pilar estructural de la forma de Estado adoptada en la Constitución Política de 1991. Se concluye que, si bien las consultas populares reabrieron importantes discusiones acerca de la relación entre democracia y territorio, las modificaciones en la materia han mostrado las limitaciones que desde el diseño constitucional ha tenido el modelo territorial colombiano. En medio de las tensiones y los debates inconclusos desde la Asamblea Nacional Constituyente sobre las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales, los movimientos sociales están configurando la formación de una ciudadanía activa que persiste en la reivindicación de la participación en la toma de decisiones sobre su territorio como componente indispensable del fin último del Estado social de derecho, cual es el desarrollo integral del ser humano en su contexto social propio.