Este texto pretende demostrar que el proceso de licenciamiento no está enmarcado en la real defensa del ambiente. Obedece a un trámite que suscita en quienes lo gerencian la pulsión de finiquitarlo y conceder el permiso sin un contenido sustancial ni una orientación destinada a revisar integralmente las consecuencias. La participación ciudadana y la consulta previa son apenas escollos que se traducen como una oposición entre las “mayorías” que quieren el desarrollo del país, la concepción econeoliberal o ecocapitalista en la que se afirma preservar el ambiente, y unas “minorías” que se opondrían al mismo. En general, el proceso no responde a los cánones de justicia ambiental ni de afianzamiento frente a los daños que se pueden producir y, en cierta manera, conduce a plantear un estado de cosas inconstitucional.