La gobernanza sostenible de los océanos es muy compleja, con regulaciones diseminadas en regímenes, instituciones, procesos, políticas nacionales, regionales y supranacionales. El objetivo es examinar las complejidades de la gobernanza y la insuficiencia de las normas, e indagar el mandato de los organismos involucrados en ella, su marco institucional según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las instituciones creadas por las Naciones Unidas en conexión con ella y las organizaciones internacionales relevantes con competencia. Con el Objetivo 14 de telón de fondo se apuntan deficiencias del régimen actual conjuntamente con sugerencias para lograr soluciones integrales y coherentes ante esta complejidad. El enfoque es holístico y el método es la doctrina jurídica, histórica y descriptiva. La cooperación interinstitucional y las alianzas serán elementos clave para el futuro de la gobernanza.

Los recientes derrames petroleros en plataformas o instalaciones petroleras mar adentro han puesto de relieve la necesidad de desarrollar regímenes de responsabilidad e indemnización por daños ocasionados por actividades de exploración y explotación en los fondos marinos sujetos a la jurisdicción nacional. En la actualidad no existe ningún convenio internacional que aborde el tema, y la comunidad internacional se ha inclinado a favor del desarrollo de instrumentos regionales o bilaterales. La región del Gran Caribe se caracteriza por poseer un frágil ecosistema marino, que se encuentra amenazado por el riesgo de contaminación de petróleo producto de actividades de extracción en el lecho marino. Pese a ello, el único convenio regional para la protección y preservación del Mar Caribe, conocido como Convenio de Cartagena, solo incluye principios generales sobre responsabilidad por actividades en los fondos marinos, sin desarrollar hasta la fecha los protocolos o acuerdos que garanticen su aplicación. Este estudio realiza una descripción y comparación de los esfuerzos llevados a cabo en el plano internacional y regional para desarrollar estas reglas y sugiere tres opciones para alcanzar un marco legal eficiente, comprensivo y uniforme que garantice la pronta y adecuada indemnización de las víctimas y la reparación de todos los daños.