El giro que ha tomado este debate en Colombia, ubicándolo en el terreno de la salud pública antes de dictar sentencia respecto a la decisión que debe tomar una sociedad, cuando se enfrentan el derecho a la vida y el derecho a la libertad, obliga a hacer unas precisiones al respecto, especialmente si la evidencia utilizada para respaldar la primacía del derecho a la libertad de una sobre el derecho a la vida de otra(o) descansa en argumentos debatibles desde el terreno de la salud pública. Hasta el año 2005, el aborto inducido se ha considerado una práctica ilegal en Colombia. Con este antecedente, es clara la posición que el Estado colombiano ha mantenido hasta el momento, conservando una postura en la que antepone el derecho a la vida de los sujetos concebidos sobre cualquier otro derecho, distinto al de la vida, que trate de privilegiarse, respecto de estos nuevos seres humanos.