Este artículo tiene como objetivo realizar una aproximación a un nuevo concepto sobre la relación calidad/precio en nuestro sistema de contratación pública, utilizando como referencia las altas cortes de la Unión Europea, la legislación colombiana y la doctrina que permite poner una perspectiva desde la contratación pública, integrando los principios más importantes de nuestra administración pública y contractual y por qué afectan necesariamente la prestación de bienes y servicios públicos.  La ley colombiana 1150 de 2007, en su quinto artículo, determinó que en el proceso de selección en el que se tienen en cuenta factores técnicos y económicos, la oferta será más ventajosa si cumple con estos tres conceptos: a) los elementos de calidad-precio respaldados por puntajes o fórmulas escritas en el capítulo de condiciones del contrato; o b) los elementos de ponderación calidad-precio que representen la mejor relación costo-beneficio para la entidad.  Este concepto anterior implica una amenaza para la vinculación al proceso de interpretación del principio de buena administración porque necesariamente se deben considerar los aspectos cualitativos que integran el contrato desde el punto de vista del rendimiento y el valor.  Esta forma de pensar la contratación pública está siendo contrastada con el modelo de la Unión Europea, en el que se aplica el principio de eficiencia, buscando una mejor calidad sin buscar solo el precio más bajo, poniendo como prioridad el logro de las necesidades de los contribuyentes con los contratos públicos y las políticas públicas, estableciendo estándares de calidad claros y relativamente altos que los contratistas deben alcanzar para aspirar al contrato

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