Las acciones ambientales intentan tanto la recomposición del ambiente como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Existen distintas acciones a través de las cuales se ha intentado acceder a la justicia a los fines de la tutela del derecho al ambiente sano de acuerdo con las disposiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional, y ello se ha prestado a diversas interpretaciones. El constituyente argentino previó una acción colectiva frente a un derecho de incidencia colectiva a todos los titulares del mismo, y el legislador, al reglamentar la prescripción constitucional, no legitima a cualquiera que no sea el titular del derecho a ejercer una acción, porque se trataría de una acción popular, y en Argentina no existe la misma.