Los conflictos identitarios presentan una serie de problemas a las sociedades liberal-democráticas contemporáneas. Nos hallamos ante pretensiones de reconocimiento avanzadas por identidades colectivas. El deber del Estado constitucional es tomar en serio esas peticiones de reconocimiento y garantizar una política que respete las diferencias culturales. Al mismo tiempo, debe tutelar la integridad y la libertad de cada individuo, asegurándole la posibilidad de poder vivir en el mundo de su propia cultura, de tener una actitud crítica hacia esa cultura y de apartarse de esta. La equiparación jurídica de las formas de vida, mediada a través de los derechos, exige el respeto mutuo por lo que a las diferentes pertenencias culturales que forman su propia identidad se refiere. El reconocimiento de la igual dignidad exige relaciones sociales inclusivas, que se establecen por medio del discurso comunicativo y se desarrollan en el espacio público político solo a través de confrontaciones dialógicas.

El soft law hace referencia a reglas de conducta que en principio no tienen fuerza jurídica vinculante, aunque produzcan efectos prácticos. El artículo investiga esta noción a la luz de la relación entre fuentes del derecho e interpretación. El soft law hace referencia a una serie de fenómenos relacionados a la positivización jurídica y a las prácticas interpretativas en el ámbito del derecho internacional, derecho de la UE y derecho nacional. El soft law desempeña distintas funciones que coexisten con el sistema de hard law. El soft law juega un papel en el ordenamiento jurídico que muestra la gradual diferenciación de su normatividad.