El presente artículo examina la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Diferendo Territorial y Marítimo (Nicaragua c. Colombia), en relación al constante argumento de los agentes colombianos en La Haya y la doctrina colombiana, según el cual la Corte no tendría competencia porque el Tratado Esguerra-Bárcenas y su Protocolo (1928-1930) habían puesto fin a esta controversia, por lo cual la Corte no tendría competencia bajo ninguno de los dos fundamentos aludidos por Nicaragua, a saber, el Pacto de Bogotá de la OEA y la cláusula facultativa del Estatuto de la CIJ. La tesis que se sostiene es que dicho Tratado sí resolvió la controversia en cuanto a la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; los títulos sobre Roncador, Quitasueño y Serrana fueron expresamente excluidos del Tratado, por lo cual se sostiene que Nicaragua en ese entonces no tenía ninguna pretensión sobre los mismos –aunque la Corte no acogió esta postura–; y las cuestiones de delimitación marítima y de la extensión del Archipiélago de San Andrés no fueron abordados con claridad en el Tratado, por lo cual la Corte sí estaba facultada para pronunciarse sobre ellos.

La Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) es una de las organizaciones internacionales regionales más importantes del momento. Sin embargo, esta ha sido blanco de muchas críticas en todo el continente, y varias organizaciones “rivales” como UNASUR y CELAC han sido fundadas en la última década. Para poder analizar si la OEA ha sido una organización exitosa o no, es necesario entender su historia y funcionamiento, por lo cual la primera parte de este artículo se enfoca en la historia, razón de ser, admisión de nuevos miembros, estructura y toma de decisiones dentro de la organización. Teniendo en cuenta que el mandato de la OEA es muy amplio, y su trabajo gira alrededor de múltiples áreas como lo son el desarrollo, seguridad, derecho internacional, así como una variedad de temas sociales, económicos, políticos y culturales, para el propósito de este artículo en análisis de éxitos y fracasos de la organización se va a restringir al ámbito de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la resolución de conflictos, los cuales son –a nuestro parecer– el núcleo central del trabajo de la OEA.

La apatridia, la condición de no ser nacional de ningún Estado, es una de las más serias pero desconocidas violaciones a los Derechos Humanos y por esa razón las Naciones Unidas se han visto crecientemente motivadas para enfrentar este problema. Los instrumentos internacionales más importantes sobre el tema de la apatridia son la Convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Si bien estas convenciones no imponen obligaciones excesivas a los Estados parte, sólo unos pocos Estados las han ratificado: 66 la primera y 38 la segunda. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido importantes actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) –la autoridad competente sobre esta materia en el Sistema de Naciones Unidas– relacionadas con la apatridia. El trabajo del ACNUR sobre apátridas se desarrolla alrededor de cuatro áreas fundamentales: identificación, prevención, reducción y protección. Con el apoyo del ACNUR algunos Estados como Sri Lanka (antiguo Ceilán), Estonia y Letoniahan logrado reducir los casos de apatridia y de esta manera han mejorado la situación de los Derechos Humanos en estos países.