La organización del Estado colombiano así como la historia de su pensamiento jurídico corresponden, sin lugar a dudas, a la influencia legalista liberal francesa; de suerte que aún hoy, y a pesar del viraje que representó la Constitución Política de 1991 y la reorganización jurídica, social y política que trajo consigo, el apego por la norma y el “leguleyismo” desbordado como característica atávica que se resiste al cambio. En este sentido, la implementación de las herramientas constitucionales que pretenden posibilitar el cumplimiento efectivo de los objetivos trazados por la Carta Política del ’91 se contrapone a la rígida lógica que como se expuso en un principio, aún permea el pensamiento jurídico colombiano. El ejemplo más evidente dentro de esta tendencia es el que se configura en la utilización de la acción de tutela como mecanismo de rectificación de las sentencias judiciales, y alrededor de ésta, la disputa entre las altas Cortes por la supremacía de sus decisiones, poniendo en peligro, según algunos, la institución de la cosa juzgada formal. Este texto pretende exponer brevemente un recorrido histórico, así como los argumentos jurídicos que se han construido alrededor de este controvertido tópico, que en últimas representa el cambio estructural que implantó el constituyente primario en la redacción de la Carta Política de 1991, la primacía de la justicia material sobre la justicia formal.