Los tribunales constitucionales representan un aspecto fundamental al interior de los sistemas democráticos contemporáneos, hasta el punto de ser organizados como una jurisdicción especializada para la resolución de conflictos constitucionales. En el marco de sus funciones, los tribunales constitucionales han emitido sentencias que buscan proteger y garantizar derechos que han sido amenazados o vulnerados de manera sistemática. Estas sentencias tienen un carácter estructural, pues implican que las autoridades judiciales, de naturaleza constitucional, procuran restablecer derechos de grupos sociales excluidos a través de una serie de mandatos y procesos judiciales participativos que permitan restablecer los derechos vulnerados e incidir en cambios políticos como consecuencia del cumplimiento de deberes y obligaciones de las autoridades del Estado que deben proteger a esta parte de la población de forma que se evite cualquier tipo de marginación.