El derecho de petición y la acción de tutela son mecanismos jurídicos que permiten a las personas realizar un control de las actuaciones realizadas por el Estado y ejercer sus derechos. Hoy en día, llegan a las entidades estatales una gran cantidad de peticiones y acciones de tutela y no hay dentro de las mismas un orden establecido para su trámite. La aplicación de medios electrónicos ha generado un impacto en el funcionamiento de las entidades públicas. En este sentido, su aplicación para la recepción, organización, respuesta y archivo de peticiones y acciones de tutela podría contribuir al mejoramiento en el ejercicio de la función administrativa y al cumplimiento de los fines del Estado.