Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad CES que cursan el consultorio jurídico, presentan de manera semestral, los boletines ABCES. Estos boletines consisten en la revisión minuciosa de un tema jurídico de los que habitualmente son competencia del Consultorio Jurídico, con el objeto de presentarlo a la comunidad en general y con ello empoderarla y clarificar el uso de mecanismos y figuras jurídicas.

El Derecho Internacional Humanitario – DIH - ha sido aplicado como fuente auxiliar en los casos en los que la Corte Interamericana se ha enfrentado con violaciones de derechos humanos producidas en los diferentes países que suscribieron la competencia de la misma y la Convención Interamericana. Si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CoIDH -, tiene como referente de competencia la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos que la complementan, el omitir como corpus iuris de sus estatutos al DIH, ocasiona que se fragmenten los derechos humanos, concebidos desde la doctrina como indivisibles e interdependientes y, asimismo, conlleva una desprotección de las víctimas de diferentes conflictos armados, como el colombiano, frente a la aplicación de la justicia transicional en sus garantías de reparación integral y, sobre todo, de no repetición.

En el escenario actual de las relaciones internacionales, caracterizado por las intervencionesunilaterales de algunos países dentro del ámbito internacional, es innegable la importancia delderecho internacional tanto en el manejo de la política interna y global, como en la producciónde normas jurídicas que influyen y revierten la estructura normativa de los Estados, particularmentedel Estado colombiano.Esta importancia del Derecho Internacional, mas allá de plantear el problema político relacionadocon la pérdida de soberanía interna como manifestación del fenómeno globalizador, poneen evidencia un problema adicional de tipo jurídico: la presencia de controles precarios respectoa la costumbre mercantil internacional.Esta ausencia, manifiesta en el derecho internacional una clara intención de desregulación positiva,es decir, una pérdida de soberanía estatal reflejada en la ausencia de control constitucional.AbstractIn the current scope of international relations, characterized by unilateral interventions of somecountries in the international arena, it is undeniable the importance of international law bothin managing domestic and global politics as in the production of legal rules that influence andreverse the regulatory structure of states, particularly the Colombian State.This importance of international law, beyond raising the political problem associated with theloss of internal sovereignty as a manifestation of the phenomenon of globalization, highlights anadditional legal problem: the presence of poor controls over international custom.This absence, in international law manifests a lack of regulation, and, in fact, a loss of state sovereigntyreflected in the absence of constitutional control. 

Una de las poblaciones que más ha sufrido los efectos de la violación de sus derechos humanos, en medio de la pandemia por COVID 19 son las personas mayores. No obstante, esta situación de conculcación de derechos no es nueva, ni puede atribuirse única y exclusivamente a la expansión de un virus cuyos efectos a nivel mundial han demostrado ser nefastos. 

La ausencia de políticas penitenciarias con enfoque de género en materia de privación de la libertad quizás se deba a que en el imaginario social colombiano existe una creencia que sostiene que las mujeres no delinquen o delinquen menos. Y aunque no es objeto de este editorial realizar discusiones relacionadas con la forma en la que se produce el delito, vale decir, solo por dejarlo escrito, que el delito surge del tipo penal y no de la violación a la norma que lo contraviene. Muchos de estos delitos en Colombia son económicos y, por ello, no extraña a la vista de los colombianos, que más de la mitad de las personas reclusas en nuestro país, son pobres y de escasa formación profesional, por supuesto producto de un sistema económico y social excluyente.

El gobierno nacional, a partir del año 2012, inicio todo un proceso de negociacióncon las FARC, en el cual, elaboró, discutió y creó el marco jurídicode negociación del conflicto con el que contamos actualmente, diseñadotanto para la reinserción, como para la desmovilización y el desarme deeste grupo armado con el que el gobierno nacional había mantenido unconflicto de larga duración, el más largo dentro de los conflictos armadosinternos.

Entender el poder político en un sistema normativo, supone necesariamente acercarse a su concepto. Autoresclásicos de la ciencia política como Max Weber en su libro Economía y Sociedad, se han referido alpoder en un contexto de relaciones sociales, que descartan el poder como un instrumento y lo definen ensu campo de acción.En una relación social, de acuerdo con dicho autor, el poder se explica como una acción donde interactúansujetos. En dicha relación, un sujeto “x” va a influir en el comportamiento de un sujeto “y”, a partir de sucapacidad de acción que bien puede ser explicada como una acción de libertad de A y de no libertad de B.En este sentido entonces, las relaciones de poder han sido vistas, por este mismo autor, según el medioque se elija para influenciar el comportamiento político, desde tres perspectivas: el poder económico, cuyosmedios serán los recursos de la economía disponibles hacia la obtención de una recompensa o restricciónde ciertos recursos, el poder ideológico, que dispone de la religión, típico del poder ejercicio por la iglesia yel poder político, en donde el elemento fundamental es la fuerza.En cualquier Estado de Derecho que se precie de tal, las relaciones de poder político, están reguladas porun sistema de normas. Se quiere con todo ello, que el poder sea limitado o que este poder se conduzca porel Derecho y, de esta manera lograr predecirlo en su comportamiento, de tal forma que se logre contestarlas siguientes preguntas ¿Cómo va a actuar dicho poder? ¿A quiénes estará dirigido el mismo? ¿Dónde vaa ejercerse? ¿Qué materias o temas van a ser reguladas con éste?En el escenario geopolítico global y ya no en el estado internamente, el poder tiene un vínculo con el derechoy las interacciones entre ambos son evidentes. Atrás han quedado los tiempos en los que los abogadosestaban atrapados en el microcosmos de la legislación nacional y ajenos al resto del planeta, como si habitaranun país independiente y controlable, desconectado del universo real, del mundo globalizado en el cualla interdependencia es la regla y no la excepción.Hoy en día la Geopolítica ha arrasado con todos los intentos de autonomía de la mayoría de las disciplinas,y el Derecho, aunque fue una de las últimas, también la perdió. Esto es visible en todos sus terrenos, antessolo referidos a la constitución y a un ordenamiento propio: desde el derecho de familia, transformado porlas migraciones transnacionales, hasta el de las obligaciones y los contratos, hoy inmersos en redes entrecruzadasde legislaciones múltiples, pasando por el simple hecho de que hasta el derecho público estásupeditado a acuerdos o directivas internacionales. 

Nils Christie en un libro publicado en los años 80s, señalaba lo siguiente frente al sistema carcelario: “La imposición de un castigo, dentro del marco de la ley, significa causar dolor, dolor deliberado. Ésta es una actividad que frecuentemente está en desacuerdo con los valores estimados, como la bondad y el perdón.” (Christie, 1983, p. 7). Si este autor hubiese vivido las condiciones carcelarias que vive Colombia hoy, no solamente reflexionaría en torno a la forma en la que se impone el castigo, con dolor, por supuesto, sino que también, creería, pensaría y reflexionaría en lo cruel que se ha tornado el sistema carcelario, sin espacios, sin buena alimentación, con pocos programas exitosos de resocialización y bajo el amparo de una pena que moral y jurídicamente es reprochable frente a la posibilidad que ofrece de reinserción tanto política como laboral.

El presente artículo evalúa la forma en la que opera la justicia restaurativa en las diferentes sentencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a la forma en la que han sido decididas las peticiones de reparaciones simbólicas a las víctimas de hechos del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, Verificar, dentro de las sentencias de la Corte Constitucional, la forma en la que ha funcionado la reparación simbólica en las condenas proferidas por la Corte Interamericana permite resolver el interrogante relativo a si en Colombia se aplica el paradigma de la justicia restaurativa y sobre qué mecanismos, en caso afirmativo, son dispuestos para ello. La investigación fue realizada con un enfoque cualitativo que consistió en un rastreo documental consignado en fichas bibliográficas e informes de lectura de las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional colombiana frente a las peticiones de reparaciones simbólicas ofrecidas en hechos del conflicto armado en este país, así como su cumplimiento. Todo ello condujo a revisar los conceptos de reparación simbólica y justicia restaurativa en medio de los hechos atroces del conflicto armado colombiano.

Las nuevas guerras y el choque de civilizaciones son dos puntos de vista teóricos del análisis del actual orden internacional. En este artículo se pretende contrastar estas dos propuestas, tanto al terrorismoque reaparece en la escena internacional luego del 11 de septiembre de 2001, como al lenguaje de la guerra representado en los discursos del presidente George Bush, para concluir, de un lado, que las tácticas bajo las cuales es combatido el terrorismo traducen guerras por el territorio dirigidas a la identificación del enemigo en Estados o bloques de Estados como “ejes del mal” y a dispersar la violencia indistintamente en estos territorios y, de otro, que la identificación del terrorismo desde la oposición de conceptos desde una existencia de un tal “nosotros”, representado en Occidente y un “ellos” que se le opone, produce y reproduce la confrontación.

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 11 años del ataque a las torres gemelas en el Word Trade Center en Nueva York. La fecha, que no pasó desapercibida en los medios de comunicación, supone una evaluación del papel que tras estos años ha cumplido la Organización de las Naciones Unidas en su lucha contra el terrorismo y de cómo dicha lucha también se encuentra  reflejada en una transformación tanto de la guerra en Colombia como del actor armado a través de una sucesiva criminalización del mismo, fenómeno que, eventualmente, podría afectar un proceso de negociación como el que actualmente se desarrolla entre el gobierno colombiano y las FARC. El objetivo es, entonces, analizar el impacto de la lucha contra el terrorismo  global en la legislación interna colombiana mediante un análisis de las diferentes definiciones de terrorismo incluidas en las convenciones internacionales ratificadas por Colombia y de las consideraciones que la Corte Constitucional ha proferido en su papel de control de las leyes ratificatorias de las mismas.