El concepto de competencias ciudadanas es vital para la salud de las sociedades democráticas y especialmente de sus juventudes; su desarrollo moral es esencial para los derechos individuales y colectivos. La democracia está asociada al acceso al desarrollo material y éste, a la vez, al desarrollo moral. La formación de competencias para el ejercicio pleno de la ciudadanía, es deber de las naciones que buscan equilibrio económico y cultural. La educación y la escuela tienen un lugar privilegiado en la toma de decisiones para la trascendencia de la vida social en las grandes concentraciones urbanas que caracterizan la organización social; la revolución tecnológica, que constituye masificación de la información y la producción del conocimiento, exige de todos los civitas la participación directa y el ejercicio de deberes y derechos. 

La búsqueda de calidad en la educación requiere claridad en los procesos formativos, reconocimiento de estímulos y una inversión apropiada. Los docentes necesitan formación y motivación continua para la buena enseñanza, al igual que óptimas condiciones laborales. La evaluación es adecuada si se realiza con propósitos formativos; no se considera aceptable utilizarla para desprestigiar la profesionalidad de los maestros y para congelar los escalafones salariales e impedir el mejoramiento de sus ingresos. Separar la evaluación del desempeño y la evaluación de competencias ha sido una forma de obligar a los docentes a que financien su propia formación, dejando a un lado la responsabilidad del Estado para invertir en el desarrollo profesional. Dos estatutos y dos escalafones salariales rigen la carrera docente, lo cual ha traído un sinnúmero de tensiones entre el autoritarismo gubernamental y el espíritu gremialista. Este artículo es un avance de investigación sobre la evaluación del desempeño docente y su relación con la calidad de la educación y persigue sensibilizar sobre lo que sucede luego de una década de vigencia de la evaluación.