Actualmente las discusiones en seguridad social versan esencialmente sobre aspectos de sostenibilidad del sistema y la capacidad del Estado para dar respuesta a los escasos recursos económicos que se requieren para garantizar a toda la población cobertura en pensiones, salud, riesgos laborales y/o servicios complementarios de acuerdo con sus necesidades. No obstante, tanto a nivel nacional como internacional se reconoce que estas discusiones no pueden dejar a un margen a los grupos socialmente vulnerables.