El objetivo de este estudio descriptivo transversal fue describir los conocimientos, actitudes y prácticas de profesionales de la salud que laboran en el departamento de Caquetá sobre la interrupción voluntaria del embarazo a causa de violación en un contexto de conflicto armado. Para ello, se realizó una encuesta a 117 profesionales de la salud (médicos y enfermeras) de diferentes instituciones prestadoras de salud del departamento. Tamaño muestral calculado: 116, margen de error del 5 % y nivel de confianza del 90 %. El 95 % de los profesionales conoce que en Colombia es legal la interrupción voluntaria del embarazo cuando este es producto de una violación; el 17 % manifestó que la denuncia es el único requisito para acceder a dicho procedimiento. El 50 % respondió que la aspiración manual endouterina es uno de los métodos utilizados y el 62 % consideró que la mujer embarazada a causa de violación debe hacer lo que considere correcto. El 47 % de los encuestados dijo no practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pero sí remitir el caso. Se identificó que los profesionales tienen información relacionada con la atención a víctimas de violencia sexual. Aun así, hay algunas dificultades en el reconocimiento formal de los requisitos para prestar este servicio ya que, en zonas de conflicto armado, las pacientes refieren que su integridad física podría verse comprometida si interponen una denuncia por violencia sexual, por lo cual la interrupción del embarazo se puede realizar bajo la causal salud. Además, se logró evidenciar que los profesionales prefieren remitir los casos de IVE.