El derecho de petición es uno de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 reglamentado en el artículo 23, en el cual se consagra la facultad que tiene toda persona de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y entidades públicas o privadas; así mismo obtener pronta resolución de la petición, extendiéndolo hasta las personas privadas de la libertad recluidas en centros penitenciarios, utilizando como herramienta el derecho comparado, que permite confrontar diversos sistemas jurídicos vigentes. Se analizó la normatividad, jurisprudencia y doctrina entre Colombia, Chile y España, para llegar a las semejanzas y diferencias que presentan, haciendo énfasis en el derecho de petición de las personas privadas de la libertad recluidas en centros penitenciarios.