El Derecho a un ambiente sano es un derecho en constante evolución, y ha sido objeto de debate en el desarrollo económico de los Estados, en razón a ello analizaremos como la implementación de energías renovables constituye una garantía al Derecho Fundamental al Ambiente Sano; En ese sentido, se realizó un estudio detallado de la normatividad colombiana y normas de Derecho Internacional aplicables al tema objeto de estudio, con el objetivo de analizar ¿Cómo la implementación de las energías renovables constituye una garantía al derecho fundamental a un ambiente sano en Colombia según los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado? El tema fue abordado a través de un análisis teórico-documental, aplicando las reglas de la interpretación hermenéutica. Esta publicación, advierte sobre la carencia en regulación normativa que posee el Estado colombiano y con ello el incumplimiento a los Convenios y Tratados ratificados por Colombia.

El ordenamiento jurídico colombiano establece en su carta política mecanismos de participación ciudadana, como una herramienta jurídica que el Estado ha consagrado para que la ciudadanía participe activamente de las decisiones que les afecten. Dicho lo anterior, en Colombia, se originó un debate jurídico a partir de la implementación de la Consulta Popular como mecanismo para prohibir la actividad minera en los municipios, generando así una tensión entre el sector central y las entidades descentralizadas territorialmente respecto de la distribución de competencias administrativas; así como también, los efectos jurídicos de las decisiones judiciales adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a través de las cuales se han fijado parámetros jurisprudenciales en lo concerniente a la regulación del suelo y subsuelo en Colombia. A través de este artículo, se tiene como objetivo establecer la competencia que tienen los municipios para decidir mediante consulta popular asuntos mineroenergéticos, observando los recientes pronunciamientos jurisprudenciales adoptados sobre el asunto en particular. Para el desarrollo de la investigación principal, se utilizó la hermenéutica jurídica, aplicando el método exegético y sistemático para el análisis de los diferentes componentes de la investigación. Mediante el análisis de las decisiones jurisprudenciales, se evidencian los resultados que definen la tesis a través de la cual se plantea que, los municipios si tienen competencia para prohibir actividades mineras en sus territorios; pero ésta no es absoluta y se ejerce de manera armónica con la Nación.