La interpretación de lenguas de señas es la principal medida para facilitar el acceso a los servicios públicos para las personas sordas españolas. La publicación de la Ley 27/2007, con la que se reconocen estas lenguas y el derecho a su uso, fue un hito para la comunidad sorda. La transposición al ordenamiento jurídico de diversas directivas europeas sobre traducción e interpretación, mediante la Ley Orgánica 5/2015, ha venido a respaldar el derecho de las personas sordas a contar con servicios de interpretación en los diferentes procedimientos judiciales. El presente artículo tiene como objetivo analizar cómo la Administración de justicia dota de estos servicios de interpretación. Mediante la revisión de la legislación y la comparación con otras experiencias internacionales, hemos detectado las debilidades de nuestro sistema y planteado propuestas de mejora, como la importancia de evaluar las competencias de los intérpretes para garantizar un juicio justo a las personas sordas.