El Gobierno de Nicaragua mediante la Ley 800 de 2012 formalizó la intención de construir un canal interoceánico que conecte el mar Caribe con el Océano Pacífico en un recorrido de 278 km. La materialización y futura explotación de este reto fue dado en concesión a la firma Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investment Co. Un proyecto de esta magnitud genera unas incidencias que trascienden las fronteras de dicho Estado, lo que demanda una evaluación de impacto a la sostenibilidad, la cual fue realizada utilizando la herramienta conocida como Cuadrícula Analítica de Desarrollo Sostenible (SDAG). La estimación determinó la amenaza que representa el proyecto en cuestión al desarrollo sostenible del departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si bien el resultado no puede ser considerado como absoluto, sí goza de una rigurosidad académica que lo avala.