En Colombia no existe un estricto cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de derechos humanos. El Comité del pacto de derechos económicos, sociales y culturales ha instado al país, en repetidas ocasiones, a conceder la calidad de trabajadoras a las madres comunitarias que trabajan en el cuidado de los menores colombianos de bajos recursos. El presente artículo trata el caso de estas mujeres y las acciones legales que han emprendido en la búsqueda de la protección de sus derechos.

Actualmente el debate de los derechos económicos, sociales y culturales ha pretendido construir desde diferentes perspectivas una explicación plausible para lograr su efectividad a través de la reglamentación de estos derechos en las políticas públicas del Estado o a través de la judicialización de los mismos. Frente a este último tema se encuentra con un abrumador panorama surgido de la carencia de una acción judicial expresamente consagrada en la Constitución que permita un claro amparo. El presente escrito pretende abordar esta problemática desde la historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales, con el fin de demostrar que tales derechos carecen de protección por un asunto puramente formal y que deberán ser considerados como derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento y protección por todos los poderes del Estado y protegidos judicialmente como derechos fundamentales. 

Este artículo presenta las deficiencias del ordenamiento jurídico en la configuración del reasentamiento como una medida excepcional de adaptación al cambio climático y de protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Entre las deficiencias objeto de análisis resaltan: la falta de un encuadre conceptual adecuado del reasentamiento; la ausencia de una política pública sobre el tema y su relación con la adaptación al cambio climático y el otorgamiento de una amplia discrecionalidad a los municipios para llevar a cabo procesos de reasentamiento que, en la práctica, se manifiestan a través de actuaciones informales –sin regulación especial o protocolos que guíen su ejecución– y que han generado la violación de los derechos humanos. Este trabajo es el resultado de la investigación que soportó el respectivo informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, construido mediante una investigación documental exploratoria y analítica, estudio e intervención en casos reales.

La ciudad es uno de los escenarios en los que toman forma los compromisos asumidos por el Estado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aquellos que la Agenda 2030 impuso a los gobiernos para articular sus fines, funciones e instrumentos de gestión con el fin de alcanzar la sostenibilidad. En ese contexto, este artículo tiene como propósito hacer un análisis crítico de la articulación entre la gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y el derecho ambiental en la atención de los procesos de reasentamiento en el marco del derecho a la Ciudad para alcanzar la realización de los ODS en Colombia, bajo la premisa de la necesidad de la articulación jurídica y política de las decisiones que desde estos ámbitos se requiere para gestionar la vulnerabilidad de la población que afronta los impactos del cambio climático en las ciudades. Se empleó el modelo cualitativo, respaldado en el enfoque histórico hermenéutico y en el enfoque dogmático jurídico, además de seguir una interpretación sistemática. Se evidencia que, en el campo del derecho internacional, aunque no exista una normativa unificada y vinculante, si se han entregado las claves para la sistematización de los diferentes regímenes y la articulación institucional necesaria para plantear un encuadre conceptual del reasentamiento como medida de protección de derechos con claras obligaciones para las autoridades que permitan la realización de los ODS.

El objetivo de este artículo es contribuir con el relato analítico-crítico de la construcción del derecho ambiental democrático latinoamericano y del Caribe, abordándolo como construcción histórica en dos etapas que parten de Río 92 (planeación) y de Río+20 (concreción). Se cuestiona si la región superó la planeación y pasó a la concreción de estándares para garantizar el principio 10 con la firma de un acuerdo regional. Para alcanzar el objetivo, se sigue una investigación dogmática de corte descriptivo, analítico y prescriptivo, usando la técnica de análisis documental, privilegiando fuentes primarias y la observación de las negociaciones del acuerdo regional. Esto es resultado de una investigación que busca caracterizar la justicia ambiental y su acceso en Latinoamérica.