Este artículo hace una revisión de la normatividad con que cuenta Colombia para proteger la infraestructura crítica cibernética, en especial el reciente Decreto 338 de 2022, con el fin de establecer el estado general de la ciberseguridad en el país. El análisis se basa en la metodología de la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Aunque hay avances, se identifican grandes rezagos tanto normativos como técnicos en las instituciones encargadas de garantizar la ciberseguridad de la infraestructura crítica del país, y una exclusión inconveniente del sector privado. Se analizan los esfuerzos legislativos actualizados de otras naciones para identificar buenas prácticas en sus dinámicas legislativas e iniciativas gubernamentales al respecto. Se plantean propuestas para mejorar la norrmatividad y la estrategia de ciberseguridad, en especial la importancia de articular al sector privado en este objetivo.