La reforma propuesta, aún no sancionada, del ordenamiento procesal penal de la Nación, presenta un salto exponencial de un sistema mixto o inquisitivo atenuado a otro netamente acusatorio, de acuerdo con las modernas tendencias adjetivas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) adquiere un rol preponderante en la investigación de hechos ilícitos, que le otorgan herramientas legales para el desarrollo de su actuación a efectos de promover e impulsar la acción penal. De la misma manera, cuenta con criterios de disponibilidad de la acción penal y en ese sentido, se especifica en qué casos puede recurrirse a ellos, se establecen plazos perentorios, y se simplifica la investigación preparatoria, con el fin de lograr mayor agilidad y evitar las formalidades que pudieren burocratizar el procedimiento.