La intervención urbanística del Estado es insustituible. En primer lugar porque el capital privado no está dispuesto a asumir el riesgo de depreciación virtual inherente a la provisión de bienes públicos. Tampoco ha alcanzado los  niveles de acumulación previa que de manera individual estén en capacidad de reemplazar los esfuerzos colectivos que se deben movilizar para tal efecto. Es por ello que estratégicamente el capital privado ha seducido al público con la idea de la eficiencia de las alianzas público-privadas y la gobernanza. En segundo lugar porque el mercado inmobiliario residencial formal es un mercado segmentado e imperfecto en el que el poder de mercado de los estructuradores urbanos y metropolitanos alcanza niveles cuasi-monopólicos. Por tanto, y siguiendo a Commons, la regulación y el control de la oferta inmobiliaria residencial incide positivamente en la ampliación de la libertad en la producción y en la elección de localización de las familias que habitan en las metrópolis. Un orden menos segregado que el perseverante se torna posible. Este trabajo se ocupa de analizar, desde una perspectiva teórica pluridisciplinar como la economía institucional urbana, las posibilidades e instrumentos con que se cuenta para alcanzar tal orden.

El Estado contemporáneo tiene varias facetas. La del neocorporatismo es una forma moderna de representación de intereses que, en el caso de la política habitacional en Colombia, tomó cuerpo en un arreglo para producir suelo edificable con  proyectos habitacionales para hogares pobres que enfrentó el impasse de la autonomía local en el ordenamiento territorial. La manera como se resolvió tal inconveniente es analizada con el empleo de una periodización ad hoc que pone de manifiesto que el arreglo neocorporatista de los Macroproyectos de Interés Social Nacional se produjo para enfrentar la crisis recesiva del sector constructor ocurrida en la coyuntura de 2008.