Uno de los principales desafíos en la lucha contra el cambio climático ha sido lograr un consenso internacional universal en torno a un régimen jurídico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero aplicable a todos los países. Ante la diversidad de intereses políticos en juego, reflejados en la pluralidad de grupos negociadores en la materia,la cuestión de cómo reflejar en los marcos normativos compromisos aceptables de manera universal ha constituido durante casi tres décadas uno de los principales obstáculos para alcanzar una eficacia real de la acción internacional ante un problema por naturaleza global, transfronterizo y multidimensional.